Los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están utilizando una draga, de la Municipalidad de Osa, para remover los sedimentos en un cuerpo de agua en donde podrían encontrarse los restos de Emilce Soto Jiménez, una mujer de 48 años, desaparecida desde hace dos meses.
Mientras los trabajos de búsqueda se llevan a cabo en Palmar Sur de Osa, en Puntarenas, el Ministerio Público está preparando la solicitud de medidas cautelares para un hombre de apellidos Valverde Chinchilla, sospechoso de cometer un delito de homicidio en perjuicio de Emilce. “La petición se realizará ante el Juzgado Penal de la localidad, y se está a la espera de que la audiencia sea programada”, detalló la entidad.
La confirmación del homicidio de Emilce fue este jueves, 62 días después de que se perdiera su rastro. El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó que ella fue asesinada a pesar de que el cuerpo no ha sido encontrado. Zúñiga precisó que tienen suficientes evidencias para asociar al sospechoso con la muerte de la señora, y por eso fue capturado este jueves.
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El 9 de marzo pasado, doña Emilce salió de su casa entre las 6 a. m. y las 7 a. m. para hacer un mandado. Tomó su bicicleta y en lugar de abordar el bote que cobra ¢1.000 por cruzar el río desde las Fincas de Palmar Sur a Cortés, optó por un camino diferente para ahorrar dinero. Pocos días después apareció su bicicleta, y esta semana, cerca del río, encontraron su bolso, su cédula y otros objetos personales.
La semana pasada, una fuente cercana al caso confirmó a La Nación que Valverde Chinchilla contactó al compañero sentimental de Emilce y le dijo que “no la buscaran”, ya que supuestamente ella se había marchado a otro lugar. En aquella época, la Policía Judicial le decomisó su teléfono celular al sospechoso.
Valverde Chinchilla es un sujeto conocido por las autoridades policiales, pues cuenta con antecedentes judiciales por delitos similares. Zúñiga insiste en la necesidad de que en Costa Rica exista una base de datos de agresores sexuales con los perfiles e información genética correspondiente.
Considera que esta herramienta facilitaría la resolución de casos de agresiones sexuales y también permitiría monitorear a esta población, incluso después de que hayan cumplido una condena.