Lío entre instituciones tiene a 159 alumnos con discapacidad en aulas ‘insalubres e indignas’ en Santa Ana

En una edificación “insalubre, indigna y deplorable” es que 159 alumnos con discapacidad del Centro de Enseñanza Especial de Santa Ana reciben lecciones, según constató la Defensoría de los Habitantes.

Tales incomodidades se dan a pesar de que ya están “prácticamente concluidas” las nuevas y modernas obras de este centro, que se construyeron con dinero del fideicomiso educativo que administra el Banco Nacional bajo supervisión del Ministerio de Educación Pública (MEP)

¿Quién es el responsable? Todos se pasan la pelota. El Ministerio remite al Banco Nacional cuando se le consulta sobre la situación de la escuela y el Banco Nacional, a su vez, atribuye la responsabilidad de no estrenar el edificio a incumplimientos del consorcio encargado de la construcción. Este consorcio, por su parte, culpa al Banco porque no se ha presentado a evaluar las obras y verificar su estado.

Según la Defensoría, ellos realizaron una una inspección y verificaron que una gran cantidad de padres no envió a los estudiantes a clases por las “precarias e inseguras instalaciones” en que sus hijos e hijas reciben lecciones. Los pupitres están a la intemperie y otros parcialmente cubiertos por un toldo; los dos baños ni siquiera cumplen con las disposiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (7600).

Este centro educativo atiende a alumnos de 0 a 21 años, desde materno hasta colegio que tienen discapacidades cognitivas, múltiples y conductuales.

“La Defensoría verificó que las instalaciones del nuevo centro educativo están prácticamente listas. Pese a ello, desde octubre del 2019 no se reciben las obras", informó esa entidad.

Sonia Solano, madre que tiene matriculado allí a su hijo de 19 años, quien tiene síndrome de Down, manifestó que no lo ha querido enviar a clases por el peligro que representa para él. Las lecciones de artes plásticas las recibe en un patio, las aulas son pequeñísimas para dar terapia o estimulación temprana a las decenas de alumnos. Las puertas y las paredes está quebradas.

Si a un niño le da una convulsión, hay que ponerlo en el piso de la estrecha aula, y sacar al resto de sus compañeros para poder atenderlo. Las aulas, además, están cerca de un tanque séptico que no tiene tapa; el olor es nauseabundo, según la madre.

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“La escuela no tiene agua desde el lunes porque rompieron la carretera, no entra hasta las instalaciones una buseta o un carro por el estado de la carretera. Los papás no pensamos mandar a nuestros hijos hasta que estén listas las nuevas instalaciones, tampoco tenemos director. No tenemos nada", explicó Solano.

Las instalaciones del nuevo centro, en cambio, ofrecen todas las comodidades, espacio y equipo que estos alumnos necesitan. La obra costó $4 millones.

¿Por qué no se reciben?

Lourdes Fernández, directora del fideicomiso del Banco Nacional, dijo que ese proyecto es uno de los 56 que están por finalizar dentro de ese plan.

El fideicomiso estaba constituido por un fondo de $167,5 millones que alcanzó solo para hacer la mitad de las obras prometidas en su ley original, aprobada en 2013.

“Este proyecto fue revisado en dos ocasiones por parte de la firma supervisora del fideicomiso y la Unidad Ejecutora también del fideicomiso, así como por la Unidad Supervisora del MEP, atendiendo solicitud del consorcio contratista (Consorcio IDECO-RUCO-GCI) para la entrega de las obras. Sin embargo, en ambas visitas se determinó por todas las partes indicadas, que se tienen trabajos pendientes por completar y mobiliario faltante, todo de acuerdo con el alcance contratado”, explicó Fernández.

Según la funcionaria, el consorcio no ha atenido esos pendientes, “por lo que se encuentra incumpliendo los alcances de lo contratado y además no informa sobre la situación real de sus compromisos con el fideicomiso en el levantamiento de una obra pública”.

“No obstante, conjuntamente con el MEP, estamos estudiando alternativas válidas y jurídicamente aceptables, con el fin de no perjudicar al estudiantado”, dijo Fernández.

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Sin embargo, Walter Brenes, abogado del consorcio IDECO-RUCO-GCI, contradice a Fernández. Afirma que ella se basa en un informe del consorcio consultor, encargado de la revisión de las obras, para decir que no están listas. Sin embargo, afirma, ella no lo ha corroborado personalmente.

“La señora Lourdes Fernández Quesada no ha tenido la delicadeza de revisar el proyecto para darse cuenta de que está completamente terminado, ella ni siquiera conoce el proyecto. El consorcio estableció (en un informe) 300 puntos del porqué no se podía recibir el proyecto, lo cual no es cierto. Desde el 31 de octubre el proyecto estaba finalizado en términos operacionales y estructurales y en una condición general satisfactoria según los requisitos del diseño de las obras y el cartel de licitación. (Fernández) no quiere recibir el proyecto pero no hace la revisión que le corresponde", argumentó Brenes.

El abogado dijo que este jueves los papás, la Defensoría y los mismos funcionarios del MEP visitaron el proyecto y se dieron cuenta de que está “prácticamente listo”.

La Defensoría pedirá cuentas tanto al Ministerio de Educación como a la unidad ejecutora del fideicomiso, para conocer las razones por las cuales aún no se recibe oficialmente el centro educativo, y las acciones inmediatas que se tomarán para garantizar el derecho a la educación de estos niñas, niños, adolescentes y jóvenes.