EscucharGuápiles, Pococí. De haber estado en manos de una Junta Administrativa común y corriente, es probable que el Liceo Santísima Trinidad, en Toro Amarillo de Guápiles, sería poco más que un sueño; una idea para “algún día” en el futuro.
Sin embargo, para suerte de 250 jóvenes de este poblado marginal de la provincia de Limón, un pequeño grupo de líderes comunales asumió el reto de capearse las trabas burocráticas que implica administrar recursos públicos.
Donde hace un año había tierra y zacate, hoy el pueblo de 9.000 personas presume un nuevo colegio con instalaciones de lujo, cuyo valor supera los ¢300 millones.
Como prueba del engorroso proceso, esa Junta guarda hoy una colección equivalente a 10 portafolios llenos con planos, actas, facturas, cheques y oficios.
“Esta es una responsabilidad demasiado grande y para eso las juntas tienen que tener la capacitación y las herramientas de trabajo”, dijo Daisy Madrigal, presidenta de la Junta Administrativa y líder comunal.
“Aquí lo que ha existido es una voluntad de equipo y una fuerza comunal en todo el entorno de Guápiles, incluyendo el Concejo Municipal y el Gobierno”, añadió.
En medio de noticias de fracasos e irregularidades, juntas como la del Liceo Santísima Trinidad reivindican el propósito original de estas entidades: dar a las comunidades el poder y, al mismo tiempo, la responsabilidad de decidir sobre sus escuelas y colegios.
Trabajar a nivel comunal permitió sacarle más jugo a cada colón. El regateo de precios con empresarios locales permitió incluir pisos de porcelanato, baños con enchapados de lujo y hasta cámaras de vigilancia y alarmas. También se gestionó ayuda del Concejo Municipal y donaciones.
En el país existen unas 3.760 juntas de educación y 684 juntas administrativas que están a cargo de ejecutar unos ¢47.250 millones para gastos de operación.
“Detrás de cada una de las obras que inauguramos, hay un junta exitosa y un grupo de señores de la comunidad que de manera desinteresada, dan su tiempo”, resaltó la viceministra administrativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), Silvia Víquez.
Sin embargo, tal y como lo reconoció Víquez, cumplir con la normativa puede resultar agotador.
Virginia Guillén, presidenta de la junta de la Escuela República de Paraguay, en Hatillo, dedica alrededor de tres horas diarias en pro de los 465 alumnos de esa institución.
“Una quisiera que todo se agilizara porque está poniendo el tiempo de manera gratuita y es frustrante ver que todo se entraba por papelería; pasan los meses esperando que le resuelvan proyectos de urgencia”, explicó Guillén.
Carlos Villalobos, jefe de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP, sostiene que se han hecho grandes esfuerzos para preparar a los miembros de las juntas para hacer los trámites abreviados.
“Creamos un proceso de capacitación porque si las juntas no se empoderan, no avanzamos. Tenemos manuales paso a paso y, antes de darles autorización, tienen que pasar un examen con los abogados”, explicó Villalobos.
Añadió que se debe ser muy “minucioso”, ya que se trata de fondos públicos que están sujetos a controles y fiscalización.
A pesar de las dificultades, para Daisy Madrigal ver los proyectos concluidos compensa todo el tiempo y esfuerzo donado.
“Es tan lindo, nuestros jóvenes se sienten valorados. No es que la juventud se esté perdiendo como dicen muchos, el problema es que la gente tiene una visión individual. Necesitamos recuperar la sensibilidad de la comunidad”.
