La Defensoría de los Habitantes acumuló en el 2022, un total de 3.123 reclamos en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de acuerdo con los datos revelados en el Informe Anual 2022-2023.
La mayoría de las quejas se relacionan con la ausencia de respuesta formal a gestiones y con el retraso en el otorgamiento de citas para realizar nuevos estudios socioeconómicos o actualizar alguno existente, con el fin de optar por un seguro por cuenta del Estado. Esto debido a que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó la responsabilidad al IMAS de evaluar la condición de pobreza de los solicitantes de un beneficio de aseguramiento.
“A tres años de esta reforma, preocupa a la Defensoría el número de denuncias que se siguen atendiendo ante lo que las personas usuarias consideran una dilación del IMAS en la aplicación de los estudios socioeconómicos”, dijo la entidad defensora.
La Defensoría aseguró que verificaron la falta de respuesta formal del IMAS a las gestiones o solicitudes de ayuda de beneficios, a pesar de que existe normativa interna que lo establece.
“Por ello, se recomendó a sus autoridades la creación de un mecanismo de verificación interna que incremente la eficiencia en la gestión documental, especialmente en los niveles de respuesta para los habitantes”, informó.
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Igualmente, solicitaron al Instituto uniformar los formatos de respuesta y mejorar los controles internos que permitiera determinar que las unidades locales y las oficinas regionales brinden la debida respuesta, según lo establece el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales.
El IMAS informó, en febrero de 2023, que el Sistema de Autogestión contaba con avances importantes en su desarrollo, con un estado de cumplimiento del 69%. No obstante, embargo, la Defensoría considera que se debe reforzar esa entidad con el personal suficiente para atender con eficiencia y efectividad su labor en todo el país,