El Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió ese jueves una llamada de atención por la falta de información sobre el retorno de estudiantes y docentes a las aulas, mediante la Estrategia Regresar.

Ese llamado provino de la Contraloría General de la República (CGR) que desde diciembre le advirtió a las autoridades educativas de la necesidad de tener disponibilidad de datos e información que permitieran caracterizar la problemática de la presencialidad en el 2021.

Factores de riesgo psicosocial, atención prioritaria, exclusión y deserción educativa, condiciones de mayor vulnerabilidad, estaban entre las informaciones que le recomendó recopilar.

Cuatro meses después, un nuevo informe del órgano contralor revela que el MEP no tiene esa información ni tampoco datos básicos como número de niños y docentes que asisten a las aulas.

“No se cuenta con información que facilite la toma de decisiones, tales como: datos de los centros educativos que cuentan con su plan de apertura o se encuentran en proceso de formulación; así como, estadísticas sobre los estudiantes matriculados y de aquellos que regresan a la presencialidad en el curso lectivo 2021″, dijo la Contraloría.

Para el órgano fiscalizador, las debilidades obedecen a que el Ministerio no ha definido el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de datos que permita integrar, dar seguimiento, evaluar y evidenciar el avance en el logro de objetivos de la Estrategia.

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En su criterio, los instrumentos actuales de que dispone el MEP para ese fin, impiden actualizar la información con la oportunidad necesaria ante las nuevas circunstancias por la pandemia.

Por ejemplo, se cuenta con información sobre el estado de la infraestructura básica de salud, así como de la infraestructura y contexto del centro educativo, la cual fue recopilada durante el año 2020. Sin embargo, dicha información no se encuentra actualizada a la fecha ni integrada, ya que está dispersa en cada uno de los centros educativos.

“El MEP desconoce con precisión los resultados y efectos de las acciones generadas a partir de la Estrategia, lo que limita la detección oportuna de deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste de las diferentes instancias que la operativizan, que van desde las direcciones centrales, direcciones regionales, supervisiones de educación, hasta los centros educativos; lo que podría incidir en la toma decisiones, la mejora continua, la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía”, expresó el informe.

Sin datos de presupuesto

El MEP, añade la Contraloría, tampoco demostró la existencia de un análisis sobre la disponibilidad y el uso de esos recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el regreso a clases en la modalidad combinada (presencial y virtual), ni de los responsables de su administración.

La fecha límite para la elaboración de los planes de apertura para la educación combinada se definió para el 26 de febrero de 2021; es decir, posterior a la fecha de inicio del ciclo lectivo, por lo que aún no se dispone de información sobre la cantidad de los centros que han elaborado dichos planes.

El MEP reconoció a La Nación la falta de los datos, pues hasta la semana anterior comenzaron a consultar esa y otra información básica sobre el curso lectivo, como la cantidad de alumnos que van a clases presenciales y virtuales, y la disponibilidad de agua, entre otros.

“Esa información resulta relevante ya que permitirá la toma de decisiones oportuna respecto a la modalidad presencial o a distancia que deba aplicarse en distintos momentos del ciclo lectivo, conforme al comportamiento de la emergencia sanitaria; las condiciones particulares de cada centro educativo; así como, el monitoreo continuo de los riesgos identificados”, dijo la CGR.

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La Contraloría agregó que, por la falta de datos, no se se identificó con claridad el impacto y efectos pretendidos de la implementación de la Estrategia Regresar. No logró evidenciar los resultados esperados, las actividades que permitirían su implementación, así como, la medición de su cumplimiento.

La consecuencia, advirtió, es que estas debilidades pueden provocar quee la Estrategia se desvincule de las necesidades de la población estudiantil más vulnerable, al tiempo que impiden evaluar eficiencia y eficacia del proceso.