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El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a Costa Rica despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar el acceso a un aborto seguro a las adolescentes, así como a servicios de cuido posaborto.
La recomendación fue incluida en un informe de “observaciones finales” dado a conocer el pasado 7 de febrero, en el cual también se sugiere que los puntos de vista de las menores siempre sean escuchados y se les considere parte en el proceso de toma de decisiones.
Este comité es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros.
Todos los Estados deben presentar a este órgano informes periódicos sobre la manera en que garantizan esos derechos; el Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones en forma de “observaciones finales”.
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En las observaciones sobre la salud de los adolescentes en Costa Rica, este panel de la ONU solicitó al país, además, acelerar la aplicación del decreto ejecutivo 42113-S, aprobado en diciembre del 2019, para regular la interrupción del embarazo cuando peligran la vida o la salud de la madre.
A la vez, pidió evitar la estigmatización de las niñas y adolescentes que buscan un aborto, así como tomar medidas para combatir los embarazos precoces y prestar atención a la situación de las niñas embarazadas por hombres adultos.
Otra recomendación fue aumentar la conciencia sobre los efectos nocivos de los embarazos precoces y sus repercusiones en la salud física y mental de las niñas.
El documento urge suministrar a las adolescentes información y acceso a los métodos anticonceptivos seguros y asequibles, incluyendo las zonas rurales y costeras.
Entre el 2000 y el 2018, Costa Rica logró reducir el porcentaje de nacimientos provenientes de madres entre los 10 y los 17 años.
En el primero de esos años, el 8,5% del total de nacimientos tenía a una madre adolescente; para el 2018, el porcentaje bajó a un 6,4%.
En 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a Costa Rica permitir el aborto en caso de violación, incesto o en caso de que el feto sufra una malformación fatal.
El año anterior, cuatro países europeos también exhortaron a Costa Rica a despenalizar la interrupción del embarazo; en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, en donde el país expuso sus compromisos internacionales sobre derechos humanos para los próximos años. Sin embargo, el gobierno del presidente Carlos Alvarado rechazó sus recomendaciones.
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Revisión en equipo
Gladys Jiménez, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dijo que el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU se recibió el 13 de febrero y que el Estado, como un todo, con todas las instituciones involucradas, debe proceder a revisar las recomendaciones a la luz de la competencia de cada una de ellas.
“Lo que corresponde ahora es verlo en el Consejo de la Niñez y Adolescencia para ver las acciones que vamos a implementar para ver el cumplimiento y cuáles con las instituciones responsables de ese cumplimiento. Hay recomendaciones que se han venido tratando de implementar como la norma técnica y los anticonceptivos”, expresó Jiménez.
En el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia participan 24 instituciones y organizaciones, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Consejo Nacional de la Persona Joven, entre otros.
Jiménez añadió que la próxima semana se reunirá el comité para discutir el tema, qué es exactamente lo que se recomienda; en un mes, estarían las primeras reacciones acerca de este reciente informe del Comité de la ONU.
Este medio también solicitó una reacción a Casa Presidencial, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Otras recomendaciones y preocupaciones
El informe emitió recomendaciones no solo de la salud de los niñas, niños y adolescentes; también, hizo sugerencias sobre temas de discriminación de esta población, la educación, la salud mental y el castigo corporal del cual aún son víctimas los niños.
A la vez, revisó la condición de menores refugiados.
El comité llamó la atención y pidió tomar medidas urgentes en contra de la violencia contra los niños, en particular, el abuso y la negligencia de las que son víctimas; la violencia contra los menores basada en el género y el abuso sexual y los niños privados de un entorno familiar.
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En 2017, el país aprobó la ley de relaciones impropias que castiga con mayor severidad los encuentros sexuales entre adultos y menores de edad. Las denuncias por este tipo de conductas se triplicaron durante los últimos tres años luego de la entrada en vigor de la ley.
La cifra superó los 13.500 casos en el período comprendido entre el 2017 y 2019.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, solo el año pasado se abrieron 6.445 expedientes que representan un 186% más que los 2.220 que ingresaron en el primer año de aplicación de la ley. Pero todavía más significativa es la comparación frente al 2016, antes de la ley, año en e que solo ingresaron unos 1.000 casos.
“El comité está preocupado por la persistencia de los estereotipos de género contra las niñas, lo que aumenta los riesgos de la violencia sexual y la explotación, los embarazos precoces y las barreras imponentes de acceso a la educación y la salud sexual y reproductiva; la discriminación múltiple e interseccional contra los niños indígenas y afrodescendientes y los niños con discapacidades y la información sobre el discurso de odio que afecta principalmente a los niños en situación de la migración, refugiados y solicitantes de asilo, y lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales”, explicó el informe.
El informe sugirió redoblar los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género y quitar ideologías patriarcales en la educación y en la familia, en particular mediante campañas de sensibilización y acelerar la aprobación de la legislación para sancionar y hacer frente a todas las formas de la violencia relacionada con el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo sanciones a los autores de las expresiones de odio.
El comité también está preocupado por la tasa de mortalidad infantil de los niños indígenas y afrodescendientes, particularmente en la provincia de Limón, que es mayor que la tasa promedio nacional.
“El Comité está profundamente preocupado por la frecuencia de las distintas formas de violencia contra los niños, tales como violencia psicológica, física y sexual, incluso a través de Internet y el acoso y la intimidación experimentados por los niños en las escuelas y la comunidad, sobre la base de su orientación sexual o identidad de género”, indicó el Comité de la ONU.
