EscucharCon 39 votos a favor y uno en contra, los diputados aprobaron este martes en el plenario legislativo un informe de comisión que insta a la Fiscalía a investigar los retrasos en la ampliación de la carretera Florencio del Castillo.
El único legislador que se opuso fue el socialcristiano Carlos Felipe García, argumentando errores y falsedades en el informe emitido por la Comisión Especial de la Provincia de Cartago.
Dicho informe señala deficiencias en las supervisiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre el proyecto, demoras en el proceso de expropiación y aumento de costos.
Además, cuestiona el plazo de 25 años estimado para cubrir los gastos en que incurría el concesionario.
Por otra parte, sugiere una posible relación del proyecto con el caso Cochinilla y cuestiona la gestión del exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, en torno a esta obra.
El caso Cochinilla tiene que ver con una supuesta organización de crimen organizado que favorecía a constructoras con contratos de obra pública a cambio de sobornos y favores a empleados públicos.
El informe legislativo pide al Ministerio Público evaluar posibles delitos por parte del exministro Méndez, personas indagadas en el caso Cochinilla y funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
La propuesta que MECO presentó a inicios del 2019 contemplaba la ampliación de 20 km entre el paso de las Garantías Sociales, en Zapote, San José, y el cruce de Taras al ingreso a Cartago.
Estudios elaborados por esa empresa estimaban que el costo del proyecto rondaría los $440 millones. Para financiarlo se requería de un peaje de ¢1.030 por sentido, además de un aporte estatal de al menos $80 millones.
No obstante, durante la actual administración, el CNC decidió rechazar la iniciativa debido a sus costos.
Por otra parte, al consorcio H Solís se le adjudicó la construcción de dos pasos a desnivel en Taras y La Lima, en la entrada de Cartago, proyecto en ejecución que se encuentra atrasado.
Legisladores argumentan que la división del proyecto en dos partes, favoreciendo a MECO y H Solís, ambas empresas investigadas por el caso Cochinilla, sugiere una relación con el escándalo.
El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, destacó la posible manipulación del proyecto y señaló un cambio de intenciones sin fundamentos técnicos hacia una concesión que beneficiaba a MECO.
El diputado socialcristiano Carlos Felipe García, al oponerse al informe, refutó la conexión del proyecto con Cochinilla y criticó que la comisión no llamó a comparecer al exministro Méndez, a pesar de mencionarlo.
