EscucharPérez Zeledón El cobro de nuevos impuestos por patentes de licores genera una disputa entre la alcaldesa de Pérez Zeledón, Vera Corrales, y los comerciantes que utilizan estos permisos para vender bebidas alcohólicas.
Los dueños de los negocios aseguran que la funcionaria cobra los nuevos impuestos pese a que existe un acuerdo del Concejo Municipal que suspende el reglamento regulador de las nuevas tarifas.
Los comerciantes afectados son aquellos que renuevan o solicitan las patentes por primera vez y que terminan pagando más de ¢370.000 por trimestre.
“Tengo dos meses de tener una patente y me están cobrando más de un millón (de colones) por trimestre. Imagínese que, en dos meses, lo que vendo es millón y medio; me deja pérdidas”, expresó Wálter Chavarría, propietario de un abastecedor situado en Peñas Blancas de Pérez Zeledón.
Sin frenos. Para la Cámara de Comercio de la Región Brunca, se debe detener el cobro de los nuevos impuestos hasta que la Sala Constitucional resuelva los recursos sobre la nueva ley de licores.
“La alcaldesa no ha sido flexible. Está cobrando las patentes a quienes llegan a renovar una licencia o a pedir una nueva. Incluso le presentamos, desde hace dos meses, un recurso de nulidad para el nuevo reglamento, pero no nos ha contestado”, explicó Jaime Cervantes, director de la Cámara.
La recomendación de la Cámara es que los comerciantes no se acerquen al municipio a renovar patentes o que utilicen la burocracia para evitar los cobros hasta que la Sala Constitucional se pronuncie.
“Lo que hay que hacer es impugnar el cobro debido a que esos procesos pueden llevarse meses; hay que retrasarlo”, afirmó Cervantes.
En la acera municipal, el acuerdo del Concejo que suspendía los nuevos cobros fue vetado por la alcaldesa Vera Corrales.
Para la jerarca, es imposible frenar los nuevos impuestos debido a que la ley exige el aumento.
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Los dueños de abastecedores y bares de Pérez Zeledón critican que los impuestos superan sus niveles de ganancia. El Minisúper Ch y Ch, ubicado en Peñas Blancas de Pérez Zeledón, ha resentido el cobro. | ALEJANDRO MÉNDEZ.
“Considero que ese no es el procedimiento adecuado. Para poder decir que un reglamento no se aplica, hay que hacer un debido proceso y por eso lo veté”, dijo Corrales.
Según la alcaldesa, el cobro no se hace a los patentados que han apelado; solo los comerciantes que vienen por una nueva patente de licores pagan la nueva tarifa.
David Araya, regidor y miembro de la Comisión de Jurídicos del municipio, explicó que la alcaldesa no tiene potestad para aplicar el reglamento debido a que es un asunto que compete al Concejo.
“Para que un reglamento externo entre en vigencia, ocupa que sea publicado dos veces en La Gaceta . Este solo se publicó una vez y es por eso que el Concejo consideró conveniente suspender la resolución final y esperar el resultado de la Sala Constitucional”, refutó Araya.
El veto de la funcionaria se encuentra en proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que deberá determinar si el Concejo tiene o no la razón.
