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Shamima Begum transitaba a través de barreras de seguridad del aeropuerto Gatwick, en el sur de Londres, el 17 de febrero del 2015. AFP (HO/AFP)
Londres. La Corte Suprema británica dictaminó el viernes que Shamima Begum, conocida como la “novia del EI”, despojada de su ciudadanía británica por unirse cuando era adolescente al grupo yihadista Estado Islámico en Siria, no puede regresar al país para impugnar esa decisión.
En un caso convertido en paradigma del problema que plantea a los países occidentales cómo tratar a sus nacionales que se unieron a los yihadistas, los magistrados dieron "por unanimidad" razón al gobierno de Boris Johnson que buscaba impedir su retorno alegando motivos de seguridad.
La más alta instancia judicial británica decidió así “suspender la apelación de Shamima Begum hasta que pueda desempeñar un papel efectivo en ella sin poner en peligro la seguridad pública”, anunció el presidente del tribunal, Robert Reed.
Nacida y criada en Londres, Begum, ahora de 21 años, se fue de casa cuanto tenía 15 años para viajar a Siria con dos compañeras de escuela en el 2015. Allí se casó con un combatiente del EI, un yihadista holandés ocho años mayor que ella.
La partida de las tres muchachas conmocionó al Reino Unido hace seis años.
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En el 2019, Begum volvió a sacudir a la opinión pública británica cuando declaró en una entrevista con el periódico The Times que no se arrepentía de haber viajado a Siria y que no se había sentido “en absoluto perturbada” al ver una cabeza cortada en un cubo de basura.
Tras aquella conmoción, el Reino Unido le retiró el pasaporte alegando motivos de seguridad nacional y afirmando que podía optar a otra ciudadanía, la de Bangladés, país de nacimiento de sus padres.
Desde entonces, la joven ha luchado por poder volver al Reino Unido para defender que le devuelvan la nacionalidad británica, un caso que la Justicia considera que debe ser examinado en su presencia.
“No se puede suponer (...) que porque Begum fue a Siria y hay pruebas de su alineamiento con la organización Estado Islámico ahora representa una amenaza permanente”, arguyó su abogado, David Pannick, en el último día de vistas ante la Corte Suprema en noviembre.
Vida trastornada
La joven se encuentra actualmente detenida en un campo para miembros del EI gestionado por los kurdos en Siria, su marido está preso en ese país y sus tres hijos han muerto.
Defiende que la decisión de revocar su ciudadanía británica fue ilegal, ya que la convirtió en apátrida y la expuso a un riesgo de muerte o de trato inhumano y degradante.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Bangladés rehusó toda posibilidad de concederle la ciudadanía.
El Tribunal de Apelación británico dictaminó en julio que Begum debía volver para presentar un recurso justo y efectivo. Pero el Ministerio del Interior recurrió esta decisión, insistiendo en que seguía “alineada” con la organización yihadista.
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Shamima Begun vista en esta fotografía que mostró su hermana mayor Renu, el 22 de febrero del 2015. AFP (LAURA LEAN/AFP)
Un abogado del gobierno afirmó ante la Corte Suprema en noviembre que su regreso al país crearía "un mayor riesgo de terrorismo".
Grupos defensores de los derechos humanos defienden que Begum debe responder en su país de origen por cualquier delito cometido.
Pero el periódico sensacionalista The Sun la calificó de “vil fanática” que “no tiene cabida en nuestro suelo”.
La joven fue descubierta, cuando estaba embarazada de nueve meses, en un campo de refugiados sirio en febrero del 2019. Su bebé recién nacido murió poco después de dar a luz. Sus dos hijos precedentes también fallecieron muy pequeños cuando vivía bajo el EI.
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En una carta dirigida a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, cuatro diputados del Partido Conservador de Johnson subrayaron que el Reino Unido no debe “lavarse las manos” sobre el destino de los 40 británicos retenidos en campos yihadistas, informó el viernes el Daily Telegraph.
En un artículo publicado en ese mismo diario conservador, uno de los firmantes, el exministro de Desarrollo Internacional Andrew Mitchell, defendió que “si se considera que son un peligro hay muchas razones para que regresen al Reino Unido, donde pueden ser tratados por el sistema de justicia penal británico”.
