Washington. AFP. En diciembre, y durante algunas horas, los parlamentarios estadounidenses debatieron públicamente en relación con la ley que rige el programa de vigilancia de Internet PRISM, cuya revelación por Edward Snowden la semana pasada desató un escándalo planetario.
Los principios de ese programa eran de conocimiento público desde hace años.
Snowden, ex subcontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), no ha hecho en realidad más que revelar al Washington Post y a The Guardian el modo operativo del programa, dejando al descubierto la facilidad con que la NSA accede a las comunicaciones que transitan por nueve sitios de Internet, entre ellos Google y Facebook.
Los sitios desmintieron al unísono haber concedido “acceso directo” y total a los espías estadounidenses, pero indicaron que obedecían a los pedidos de cooperación avalados por la Justicia.
La base legal está en el artículo 702 de la ley llamada “FISA Amendment Act”, del 2008, cuya validez el Senado extendió hasta el 2017 por una muy amplia mayoría de votos el 28 de diciembre.
Esta norma había sido votada para reemplazar y dar marco legal al programa de escuchas secretas y sin mandato de justicia creado bajo la presidencia de George W. Bush tras los atentados del 11 de setiembre del 2001. Reveladas por The New York Times en el 2005, las escuchas fueron luego colocadas bajo control del Congreso y del Poder Judicial.