Lima. El presidente Pedro Castillo cumplió ya 284 días al mando del Palacio de Gobierno de Perú. En estos poco más de nueve meses, el mandatario ha reconocido —en contadas ocasiones— que la gestión no ha sido la más acertada cuando de convocar funcionarios se trata.
“Bueno, a veces uno se equivoca y uno aprende de sus errores”, había señalado a inicios de año, cuando ya se habían acumulado decenas de nombramientos fallidos y remociones. Sin embargo, el criterio de selección y la búsqueda de enmienda no necesariamente se han afinado con el tiempo.
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De las más de 3.400 designaciones oficializadas en todo el aparato público desde agosto a través del diario El Peruano, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio identificó 122 casos de funcionarios cuestionados o inadecuados para cargos de alta confianza entre los 19 ministerios y sus oficinas adscritas.
De ellos, 59 ya fueron removidos o renunciaron, pero los 63 restantes aún se mantienen en sus puestos, según las últimas planillas publicadas por cada entidad. La mayoría de alertas por malos perfiles vinieron de los órganos de control institucional (OCI) de la Contraloría. Además, los sectores donde más se repite la falta de idoneidad son los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, y de Energía y Minas.
Sin experiencia suficiente
Según los informes de orientación de oficio de los OCI, 15 funcionarios que siguen en funciones no acreditaron la experiencia suficiente y otros seis no presentan experiencia alguna en los rubros que ocupan. Los ejemplos más llamativos son los de los viceministros María Tarazona y William Contreras, ambos del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Además, en cuatro casos el organismo detectó designaciones irregulares y en otros cinco, inconsistencias en la documentación laboral de las hojas de vida. En total, son 31 funcionarios, actualmente en puestos de confianza del Ejecutivo, que ingresaron sin el perfil o bajo proceso irregular. En un caso adicional, inclusive se reporta que la persona no tiene la formación académica ni el título universitario requeridos para el puesto.
La especialista en Gestión Pública y exfuncionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mayen Ugarte, indicó que nunca había visto que los informes de orientación de Contraloría sobre designaciones no generen gran impacto a nivel del gobierno nacional. Esto, al mencionarle las cifras de funcionarios que han permanecido pese a las observaciones.
“Si bien, formalmente hablando, los informes de auditoría son de alguna manera más serios para las entidades, lo normal es que, si la Contraloría levanta una bandera roja, de alerta, las cosas se corrijan. Estos reportes son puntos de partida para posteriores auditorías que pueden determinar responsabilidades administrativas”, precisó Ugarte en diálogo con El Comercio.
Karla Gaviño, docente de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, coincidió en que el mensaje de incorrección que los sectores dejan es preocupante y que, a la larga, las consecuencias las cargará la ciudadanía tras el deterioro paulatino del servicio público.
“Pareciera que no se ha interiorizado cuál es el punto central de lo que implica administrar el Estado, que es atender las necesidades de la población de la mejor manera. Para eso, lo imprescindible es contar con los mejores cuadros, con perfiles adecuados. Por otro lado, además de afectar a los ciudadanos, se afecta a la tecnocracia, desalentando a aquellas personas que están en el Estado por sus méritos y su capacidad o que habían pensado en ingresar a la Administración Pública”, explicó Gaviño.
Manchas por investigaciones o denuncias
Como informó El Comercio, de los 19 ministros actuales, 12 han reconocido en sus declaraciones juradas el tener o haber tenido alguna investigación fiscal en su contra. En su mayoría, las indagaciones fueron archivadas. Sin embargo, también hay casos de denuncias graves o procesos concluidos en los que varios funcionarios se han visto inmersos.
Por un lado, el ministro José Luis Gavidia (Defensa) fue denunciado en el 2021 por violencia familiar, mientras que el ministro Félix Chero (Justicia) tiene una sentencia por patrocinio ilegal, actualmente en impugnación. Por otra parte, el ministro Óscar Zea (Agricultura) fue investigado por dos casos de homicidio y uno de peculado.
Además, el ministro Carlos Palacios (Energía y Minas) tiene una indagación en trámite por presunto nombramiento ilegal y el ministro Geiner Alvarado (Vivienda) por supuestos actos de corrupción y falsificación documentaria. Sobre los ministros Rosendo Serna (Educación) y Betssy Chávez (Trabajo) pesan, además, denuncias periodísticas sobre presunto plagio en sus tesis universitarias.
Mayen Ugarte afirmó que, en este aspecto, existen valoraciones formales y éticas. Por el lado de las formas, el derecho a la presunción de inocencia de las personas que aún no tienen condena firme debería prevalecer. Pero también refiere que hay un filtro moral que debe aplicarse de acuerdo a las imputaciones.
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“No es lo mismo que un ministro esté investigado por presuntas responsabilidades relacionadas a su función o a su anterior ocupación a un ministro al cual se le imputan delitos graves, como maltrato a las mujeres. En esto último también hay una pasividad alarmante de la gestión actual porque, por lo menos antes, había un entendimiento de que una mínima denuncia de este tipo o que pusiera en duda la ética de una persona, era suficiente para retirarla del cargo”, dijo.
Para Karla Gaviño, es correcta la aplicación del principio de presunción de inocencia, pero añadió que en la convocatoria de funcionarios públicos también debe primar la idoneidad moral. Adicionalmente, explicó que colocar a personas con denuncias acumuladas en altos puestos termina afectando la imagen del Estado y la confianza por parte de la ciudadanía.
“Lo ideal es que se busque a personas que no solo cumplan con la trayectoria profesional y laboral que ameritan los puestos, sino que también hayan demostrado una conducta intachable. Cuando hablamos de violencia familiar, plagios o continuas denuncias de presunta corrupción, también estamos hablando de aspectos de las personas y de cómo se relacionan frente a otras. Ese es un filtro que debería existir al momento de designar”, comentó.
Cuota fallida
De los 122 casos de funcionarios cuestionados, 26 tenían carné de Perú Libre o algún otro tipo de vínculo con la organización política de Castillo. En menor cantidad, otros son afiliados de Somos Perú (5), Juntos por el Perú (3), Avanza País (2) y Acción Popular (1). Adicionalmente, cinco pertenecen a movimientos regionales o locales, mientras que los 80 restantes no respondían a cuotas partidarias.
Precisamente, el ministerio de Energía y Minas es donde más abundan militantes del partido de gobierno que generaron polémica a su ingreso, empezando por su titular, Carlos Palacios. Palacios nombró a Rafael Reyes (dirigente y fundador de PL) como su viceministro de Hidrocarburos, a Venancio Navarro (otro militante cuyo nombramiento fue observado por inconsistencias en su CV) como director de Asuntos Ambientales Mineros y a Paul Gonzales (militante denunciado por varios presuntos delitos, entre ellos, hurto) como jefe de Administración del sector.
La especialista en Gestión Pública, Mayen Ugarte, sostuvo que siempre hay sectores donde se concentra mayor fijación política. Explicó, por otro lado, que el copamiento político, sin el mínimo mérito técnico, termina trayendo parálisis para el Estado. Ugarte puntualiza que la alta rotación de funcionarios —producida por remociones continuas, que a la vez son derivadas de malos perfiles— es el otro peligro para la puesta en marcha de las políticas públicas.
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