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El mandatario con la mayor aprobación en América Latina (91%), Nayib Bukele cercó y controló a las maras en ese país centroamericano al implementar el régimen de excepción desde el 27 de marzo del 2022, tras un pico de homicidios en el que murieron 87 personas.
Esto se debió al quiebre del supuesto pacto que el gobierno de Bukele mantenía con líderes de las maras, buscando una disminución de homicidios a cambio de beneficios carcelarios para dichos líderes.
Desde ese momento, cualquier persona con un tatuaje relacionado con la Mara Salvatrucha y/o la del Barrio-18 fue detenida y enviada a prisión.
Otros también fueron encarcelados por sospechas de asociaciones ilícitas, lo que algunos abogados y defensores de los derechos humanos consideraron una clara violación del debido proceso.
Desde hace un año y ocho meses, las cifras indican que más de 70.000 personas fueron enviadas a las cárceles de El Salvador.
El pasado mes de agosto, se liberaron 7.000 reos al demostrar que no tenían vínculos con los grupos criminales que atormentaron al país durante décadas.
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“Una política de seguridad no será sostenible si solo se basa en capturas, se tiene que basar en el desarrollo comunitario, la integración social de quienes salen de la cárcel y en la prevención y educación de jóvenes que buscan meterse en las maras. Estas son experiencias que hemos vivido en Estados Unidos y en la región.
“Ya en el pasado hemos visto la implementación de mano dura en la región y hemos visto que no es sostenible. Entonces, este mensaje lo hemos compartido con el Gobierno, una política de seguridad debe ser mucho más logística y tiene que tener los componentes que cité para que sea sostenible”, dijo a La Nación Enrique Roig, subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La conversación fue el pasado mes de setiembre, un día después de que Roig estuviera en El Salvador.
“Hay que respetar el debido proceso”
La oposición a Nayib Bukele y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan la aplicación del régimen de excepción en la sociedad salvadoreña.
Amnistía Internacional, un movimiento mundial que promueve los derechos humanos, expuso el pasado abril que las torturas y los malos tratos son parte del día a día en los centros penales de El Salvador.
“Esta política (régimen de excepción) resultó en miles de detenciones, en su mayoría arbitrarias, sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declaradas culpables de ningún delito.
Para la comisión de estas violaciones de derechos humanos es clave la coordinación y la complicidad de los tres poderes del Estado, la confección de un marco jurídico contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en lo que concierne al proceso penal, y la falta de adopción de medidas dirigidas a evitar las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo un régimen de excepción”, citó en un informe emitido cuando la política de Bukele cumplió un año de aplicarse.
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Para Roig, “aplicar el debido proceso es clave”.
“Lo que sucede en El Salvador es un tema interesante. Por el tema de la seguridad, la gente está muy satisfecha con los resultados que han visto hasta ahora con la reducción de homicidios y extorsiones. Pero al final del día, se está llevando a cabo de una manera donde no se respeta el debido proceso y los derechos humanos de los presos; estos son dos factores importantes que debemos considerar”, detalló Roig.
En su última visita a esta nación centroamericana dejó claro al Gobierno de Bukele que las personas detenidas “tienen el derecho de tener un proceso rápido y justo”.
“Hay que respetar el debido proceso; eso es clave. Los casos en El Salvador deben procesarse de manera rápida y transparente, para que cada persona tenga un debido proceso y una defensa legal.
“Esto es clave y es parte de las conversaciones que hemos tenido con el gobierno de El Salvador. Consideramos que estamos en la misma sintonía y veremos el compromiso que existe para que aquellos que no cometieron un delito deberían estar libres”, dijo Roig.
