La Cámara de Diputados aprobó ayer en la mañana dos leyes que constituyen parte una reforma judicial que es duramente rechazada por la oposición.
El oficialismo hizo valer su mayoría al sancionar una ley que limita las medidas cautelares contra el Estado, que se enmarca en una prolongada disputa judicial del Gobierno con el grupo Clarín , y otra que crea tres cámaras de casación (apelación de tercera instancia) cuyo objetivo es aliviar la acumulación de causas en la Corte Suprema, según el Gobierno.
En ambos casos, los partidos opositores se retiraron de sus bancas durante la sesión plenaria.
La votación se realizó tras casi 21 horas de sesión, que comenzó con un muy extenso debate que finalizó en escándalo por otro proyecto aprobado –aunque con media sanción ya que debe ser refrendado por el Senado– que eleva de 13 a 19 los integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano que nombra y remueve jueces, e introduce el voto popular para designar a 12 de ellos (tres jueces, tres abogados y seis académicos).
Miles de personas se concentraron el miércoles frente al Parlamento, en atención a convocatorias de distintas organizaciones para protestar contra la reforma que, según el Gobierno, supone una “democratización” de la Justicia y que la oposición interpreta como una “politización” del Poder Judicial.
El artículo más polémico de la reforma del Consejo de la Magistratura, el que propone incrementar de 13 a 19 sus miembros, que serían elegidos por votación popular, requirió dos votaciones antes de salir adelante.
La “democratización de la Justicia”, impulsada por el Ejecutivo, consta de seis proyectos.
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