EscucharEste domingo 19 de noviembre, Nicaragua celebró su retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras un proceso de dos años. Ante esta decisión, Estados Unidos anuncia que el régimen se expone a nuevas sanciones.
En 2021, el gobierno de Daniel Ortega acusó a la organización de ser “injerencista” y “subordinada” a Estados Unidos, en protesta por la negativa del organismo a reconocer las elecciones de 2021, donde Ortega fue reelegido con rivales en la cárcel o en el exilio.
Las autoridades nicaragüenses argumentan que la OEA tuvo una actuación “parcializada” durante la crisis de 2018, que dejó unos 300 muertos debido a protestas antigubernamentales y choques con oficialistas.
En respuesta a esta decisión, Frank Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA desde diciembre de 2022, confirmó este lunes que Nicaragua perdió su representación en el Consejo de la organización. Asimismo, señaló la posibilidad de nuevas sanciones, haciendo hincapié en no perjudicar al pueblo nicaragüense.
Mora explicó que “esta decisión del régimen Ortega Murillo es un esfuerzo por socavar los intentos de la OEA de asegurar que el régimen rinda cuentas por abusos a los derechos humanos, ataques al periodismo independiente, a la Iglesia Católica y a organizaciones de la sociedad civil”.
A pesar de la pérdida del lugar, el representante estadounidense destacó que continuarán presionando a Nicaragua.
“Tenemos diferentes herramientas de presión para seguir apoyando al pueblo nicaragüense, políticas, económicas e individuales que siempre están sobre la mesa. (...) Y como siempre a considerar expandir el número de personas y entidades en Nicaragua que pueden estar bajo sanciones, no puedo compartirlas en este momento pero las estamos estudiando”, afirmó Mora, recordando las sanciones financieras a 51 individuos y 11 entidades en Nicaragua.
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El gobierno de Daniel Ortega acusó a la OEA de ser "injerencista" y "subordinada" a Estados Unidos, protestando por la negativa del organismo a reconocer las elecciones de 2021, donde Ortega fue reelegido con rivales en la cárcel o en el exilio. (CESAR PEREZ/AFP)
Estados Unidos restringió visas a alrededor de 1.000 funcionarios nicaragüenses como parte de las sanciones por su implicación en abusos de derechos humanos, corrupción y represión de opositores. Además, reiteró su compromiso de no dejar solos al pueblo nicaragüense y buscar la restauración de la democracia.
El gobierno de Nicaragua decidió retirarse de la OEA en protesta por la falta de reconocimiento de las elecciones de 2021, también cuestionadas por Estados Unidos y la Unión Europea por realizarse sin una oposición real.
Frente a esta situación, un grupo de trabajo encabezado por Chile y Canadá supervisa los asuntos relacionados con Nicaragua.
Sebastián Kraljevich, embajador chileno ante la OEA, afirmó que “no tiene que haber un representante en el Consejo Permanente para hablar sobre Nicaragua”, ya que existe un grupo de trabajo establecido hace años que continuará abordando el tema.
Kraljevich señaló que “siempre, siempre debemos tener abierta la posibilidad de promover un diálogo constructivo con las autoridades de ese país hermano”.
Canadá también aboga por mantener abierta la puerta al diálogo y un compromiso genuino con el gobierno nicaragüense, expresando la esperanza de verlo “regresar a la familia de la OEA”, de la cual forma parte desde 1950, según Stuart Savage, embajador de Canadá ante la OEA.
A pesar de la salida de Nicaragua, Estados Unidos sostiene la necesidad de que el régimen Ortega Murillo cumpla con sus obligaciones.
Mora concluyó, “recordarle al régimen que todavía tiene obligaciones con respecto a todos los instrumentos y tratados de los cuales Nicaragua es miembro. Debe respetar y darle seguimiento a la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y la Convención Interamericana contra la corrupción”.
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Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que las autoridades nicaragüenses suelen seguir un patrón: prohíben manifestaciones, luego llevan a cabo detenciones arbitrarias, “más de 2.000″ desde el 18 de abril de 2018, y emprenden campañas de desprestigio y hostigamiento.
Además el organismo afirma tener constancia de que retiran y retienen pasaportes o se niegan a expedirlos para impedir la salida de personas al extranjero. Y a otros les impiden regresar al país.
