Washington. La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este miércoles las “medidas represivas” adoptadas por el gobierno del mandatario Daniel Ortega en Nicaragua, dirigidas hacia “las instituciones educativas y la Iglesia católica”.
En una resolución adoptada por consenso, la OEA reclamó además “la restitución de los derechos fundamentales” en el país “y la protección de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad”.
Nicaragua enfrenta una grave crisis desde las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron unos 300 muertos. La situación empeoró después de las elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelegido con sus rivales encarcelados o en el exilio.
Las peticiones de la OEA probablemente quedarán sin respuesta, ya que Nicaragua dejará oficialmente la organización en noviembre, según el deseo expreso de Ortega, quien decidió retirarse en protesta por la negativa del organismo a reconocer los resultados electorales de 2021.
Desde 2018, numerosas organizaciones no gubernamentales fueron cerradas por el gobierno de Managua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, registra que “3.390 organizaciones de la sociedad civil tuvieron su personería jurídica cancelada” tras las protestas de 2018, incluyendo más de una veintena de universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana, acusada de ser un “centro de terrorismo”, y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
El gobierno de Ortega tiene una relación conflictiva con la Iglesia. Varios religiosos fueron conminados a abandonar el país o fueron acusados en tribunales, como el obispo Rolando Álvarez, quien según la CIDH es uno de los más de 10 sacerdotes que fueron “privados arbitrariamente de la libertad” y se encuentra “incomunicado y con afectaciones a su salud”.
“Estado policial”
La CIDH también muestra preocupación por las comunidades indígenas, especialmente por la prohibición del partido indígena Yatama y la detención de dos de sus miembros, aunque este tema no figura en la resolución de la OEA debido a que el texto se negoció previamente al anuncio.
Ante la gravedad de la situación, la CIDH decidió elaborar un informe especial sobre Nicaragua, que presentará el 9 de noviembre. La Comisión insta a los países de América Latina y el Caribe a “facilitar el acceso a programas y servicios educativos” a los nicaragüenses, ya que más de 37.000 estudiantes y miles de académicos están siendo afectados.
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Asimismo, insta a estos países a “exigir al Estado el cese de la represión” en Nicaragua, donde “el quebrantamiento del sistema democrático” se está llevando a cabo mediante “la imposición de un estado policial”.
A pesar de que la OEA adoptó resoluciones anteriores instando a Nicaragua a “respetar y garantizar los derechos humanos”, hasta el momento Ortega y su esposa, Rosario Murillo, hicieron caso omiso a estas solicitudes.