Washington. Estados Unidos y 11 países más del continente convocaron este miércoles a los cancilleres de los Estados parte del tratado de defensa TIAR a una reunión en la segunda quincena de este mes para tratar el “impacto desestabilizador” de la crisis en Venezuela.

La activación del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se votó en el Consejo Permanente de la OEA con el apoyo de 12 de los 19 países signatarios del convenio: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

Cinco países se abstuvieron: Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay; en tanto Bahamas y Cuba estuvieron ausentes.

El gobierno del mandatario Nicolás Maduro consideró “infame” la resolución.

Venezuela “no acepta ni reconoce ninguna obligación derivada” del TIAR, puntualizó la Cancillería venezolana en un comunicado, tachándolo de “nefasto” e “infame instrumento imperial”.

“Resulta doloroso que países que fueron invadidos por tropas estadounidenses y cuyos pueblos fueron masacrados en aplicación del TIAR, hoy avalen un crimen semejante contra nuestro país”, agregó.

Al sustentar la invocación del artículo 6 del TIAR, aquel acuerdo consignó que “la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador” y representa “una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”.

Según este artículo, “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente”.

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Costa Rica, Chile y Perú intentaron infructuosamente incluir una enmienda para eliminar de manera explícita la acción militar entre las opciones que el Tratado dispone para abordar las crisis en los países que pongan en riesgo la estabilidad continental.

El Tratado establece que los cancilleres tienen opciones que también incluyen la ruptura de relaciones diplomáticas y la interrupción parcial o total de las relaciones económicas y las comunicaciones.

Estados Unidos afirmó esta semana que la invocación del TIAR no persigue una acción armada, sino establecer un marco jurídico dentro del cual los países miembros puedan ejercer aún más presión para generar un cambio democrático en Venezuela.

El TIAR, también conocido como Tratado de Río de Janeiro, por su adopción en esa ciudad en 1947, dispone que la reunión de cancilleres deberá “acordar las medidas (...) para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.

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Venezuela se retiró hace seis años el TIAR, pero en julio, la Asamblea Nacional venezolana, presidida liderada por el opositor Juan Guaidó, que considera ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro, aprobó el regreso del país a ese pacto multilateral.

Gustavo Tarre, designado por Guaidó como delegado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó el martes que se buscará que la reunión de cancilleres del TIAR se realice al margen de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inicia el 17 de setiembre en Nueva York.

Llamado de oposición venezolana

La oposición venezolana prepara un expediente dirigido a los cancilleres en el cual argumentará que se justifica invocar al TIAR porque la propagación de enfermedades y el flujo migratorio proveniente de Venezuela constituyen, entre otras razones, una amenaza a la paz del continente.

Varios países que no integran el Tratado se pronunciaron en contra de invocarlo. Bolivia se retiró de la sala y México y Uruguay se opusieron por considerar que ese instrumento es inapropiado para responder a una crisis interna como la venezolana.

Ecuador, Nicaragua, México y Bolivia ya no son parte del Tratado de Río.

“Nos acercamos a un punto sin retorno. Nadie gana y todos pierden”, arguyó la embajadora mexicana, Luz Baños. “Si la intervención armada no es la meta, ¿para qué recurrir a un instrumento obsoleto?”

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, precedió la votación con una acusación a Maduro de cobijar en su territorio a grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“El régimen de Maduro recibe respaldo político y control social. Los grupos reciben protección, apoyo logístico, entrenamiento y armamento”, aseguró durante una encendida intervención de casi una hora en la que no se refirió al TIAR.

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Trujillo exhortó a los 34 países miembros de la OEA a enfrentar juntos lo que calificó como “la mayor amenaza para la seguridad democrática y la estabilidad de la región” por medio de medidas contempladas en la Convención Interamericana contra el Terrorismo y otros instrumentos del derecho internacional.

También consideró una “bravuconada” la orden de Maduro de desplegar esta semana misiles antiaéreos y realizar ejercicios militares a lo largo de la frontera con Colombia. “Presentan los ejercicios como una reacción a la supuesta agresión de Colombia. ¿Cuál agresión, si Colombia es el agredido?”

El gobierno de Caracas ha acusado reiteradamente al presidente colombiano, Iván Duque, de establecer campamentos de entrenamiento para que paramilitares lancen ataques violentos contra Venezuela.

El Consejo Permanente aprobó también el miércoles una resolución que condena el hostigamiento de Maduro a los opositores que son miembros de la Asamblea Nacional.

El texto de seis párrafos condena el retiro de la inmunidad parlamentaria que el mes pasado sufrieron cuatro diputados y rechaza la posibilidad de celebrar elecciones legislativas anticipadas.

Tarre aseveró que 133 de los 160 diputados venezolanos han sufrido ataques, incluidos 25 a quienes les han retirado la inmunidad parlamentaria, 17 que han salido del país, 14 que enfrentan órdenes de captura, seis que se encuentran de manera clandestina en Venezuela y cuatro que permanecen refugiados en embajadas.