EscucharEl régimen de excepción en El Salvador es una medida que genera controversia. El encarcelar a personas al por mayor solo por tener un tatuaje o por sospechar que tiene vínculos con pandillas levanta la crítica mundial de parte de las organizaciones que defienden los derechos humanos.
La abogada penalista salvadoreña, Lucrecia Landaverde, conversó con La Nación y expone un negocio lucrativo que se oculta detrás de las cárceles: “las familias de los reos deben comprar los paquetes de artículos de aseo personal en lugares específicos que se dictan desde el corazón de los centros penales”.
Pagar sobreprecios que lastiman los bolsillos de los salvadoreños. Estos paquetes tienen un costo mínimo de $170 o incluso más, lo que agrega una carga financiera adicional para las familias que ya se encuentran en situaciones de pobreza apremiante.
- ¿Cuáles son sus alcances?
Han pasado aproximadamente un año y casi 14 meses desde que se estableció este estado de excepción. Como consecuencia, se han llevado a cabo numerosas detenciones sin ningún tipo de filtro o investigación previa. Este fenómeno se debe a que cualquier persona puede presentar una denuncia sin credibilidad ni sustento a través de una llamada anónima.
”Por ejemplo, alguien podría llamar de manera anónima y acusar a su vecino de pertenecer a una pandilla. Desde entonces, se han realizado detenciones en gran cantidad y esta situación persiste”.
- ¿Qué dicta la constitución?
Según la Constitución, el estado de excepción solo se debe decretar en momentos de crisis inmanejables y que estén fuera del control del ordenamiento jurídico. También puede decretarse en casos en los que las políticas de seguridad del Estado hayan perdido el control. Estas situaciones pueden incluir invasiones al territorio o catástrofes naturales. El objetivo del estado de excepción es proteger a la sociedad y sus bienes.
”La Constitución otorga la facultad de restringir derechos de forma absoluta y temporal para una sociedad específica”.
- ¿Qué responde el Gobierno?
El Gobierno responde afirmando que el régimen de excepción es una medida contemplada dentro del marco constitucional para casos de emergencia nacional. En muchos países, los sistemas legales se basan en normativas y leyes de otros países, conocido como derecho comparado, cuando la normativa local resulta insuficiente. Esto busca lograr un ideal de justicia compartido.
”Sin embargo, investigaciones periodísticas revelan información y pruebas de que el gobierno actual también ha negociado con pandillas. Esto ha generado críticas por parte de expertos en derecho.
”Detrás de esta medida represiva, sin precedentes en nuestro país, se sospecha de favoritismos y una política de protección a los delincuentes.
”Medios de comunicación, como El Faro, han publicado grabaciones que revelan cómo un funcionario del gobierno habría ayudado a líderes de pandillas a escapar de las cárceles.
”Esta situación ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la extensión inusual del régimen de excepción cuando ya no existe un estado de necesidad claro”.
- ¿Cuál es la situación de los privados de libertad?
Existen elementos de prueba en forma de testimonios de numerosas personas que nunca antes habían sido acusadas ni habían estado involucradas en procesos judiciales, y sin embargo, han sido encarceladas sin base alguna de comisión de delitos. Además, observamos casos en los que se ocultan información y hechos relacionados con homicidios dentro de las cárceles, lo cual plantea cuestionamientos. Además, se han denunciado malos tratos.
- ¿Por qué el Gobierno decide liberar a 5000 personas?
Actualmente, existen numerosos casos en los que personas inocentes están siendo encarceladas en gran número, tanto es así que el propio gobierno ha admitido haber liberado a 5000 personas inocentes, aunque no proporciona datos precisos.
”Desconocemos la cantidad de inocentes que aún pueden estar privados de libertad. Cuando los jueces y fiscales carecen de cualquier elemento, incluso de indicios, que demuestre que realmente se cometió un delito por parte de una persona, no les queda más opción después de las disputas judiciales que liberar a dichas personas.
”Sin embargo, esto no ocurre de manera inmediata. Los abogados, entre ellos yo misma, que ejercemos la defensa, luchamos contra el sistema y hemos llegado incluso a enfrentar amenazas de los jueces mientras estamos en el estrado debido a nuestra defensa de estas personas”.
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El gobierno de El Salvador liberó a 5000 privados de libertad que eran inocentes. (-/AFP)
- ¿Por qué no los liberan inmediatamente?
Según los testimonios, incluidos algunos de los casos que defiendo, ocurre que cuando llega una orden judicial al centro penal para la liberación de personas inocentes, el director de Centros Penales no autoriza su liberación de inmediato. En algunos casos, incluso se retrasa la liberación hasta 15 días o incluso un mes después. Los casos en los que las personas fueron liberadas más rápidamente, como mínimo, tomaron una semana después de que el juez emitiera la orden judicial para su liberación.
”Esto plantea interrogantes, ya que tener personas encarceladas parece ser un negocio dentro del sistema penitenciario”
- ¿Por qué es un negocio?
(...) Tener a personas encarceladas es un negociazo. La gente, por más apremiante que sea su pobreza, se ve obligada a comprar paquetes de artículos de higiene personal que no bajan de $170.
”Esto se convierte en un negociazo en los centros penales porque ellos deciden a quién se le deben de comprar estos paquetes. No se permite que la gente los lleve de su propia iniciativa o comprados en cualquier lugar”.
”Se los tienen que comprar en tiendas ‘x’ a personas determinadas impuestas por ellos. Entonces, detrás de toda esta locura también existe un negocio que es bastante macabro”.
- ¿Entonces no se pueden comprar en cualquier supermercado?
Si usted lo lleva se lo decomisan y le dicen que eso no lo pueden entregar. Que lo tienen que comprar en una tienda ‘x’. Esa tienda lamentablemente es administrada por la mamá del director de centros penales. Eso es lo que dicen todos los que han tenido que pagar esos paquetes, que son miles de personas que tienen familiares presos y sufren de esto.
”Además, los extorsionan. Los custodios llaman a familiares y les dicen que ellos pueden evitar que a sus familiares los metan en celdas donde los matan, y para eso les piden entre $300 y $500. La gente asustada cae en la extorsión. Son muchas las familias que caen en estas extorsiones. Llamadas semanales, o en momentos distintos pero sin que pase mucho tiempo en unas con otras. Cuando las familias pagan una vez, luego el monto sigue aumentando, es un drama que viven las familias salvadoreñas”.
- ¿Cómo se fundamentan los jueces para condenar a personas inocentes?
”El tema es que ya no les importa, y eso es lo más triste de todo, porque hay jueces tomando decisiones y condenando personas, y ya se han producido las primeras condenas, lo cual es impactante”.
- ¿Cuánto más puede durar este régimen de excepción?
Inicialmente, pensábamos que podría ser a corto plazo, considerando los acontecimientos políticos a nivel nacional, pero ya no podemos predecirlo. Se están realizando cambios normativos de una manera sin precedentes para que el gobierno se mantenga en el poder indefinidamente.
”Cuando vemos que se están promulgando leyes y modificaciones sin entender cómo es posible, como abogados sabemos que no tendrán éxito a largo plazo porque no son aplicables y, sin embargo, se implementan, yendo en contra de la Constitución y de las leyes existentes.
”Esto desanima enormemente. Tenemos un régimen de excepción que está encarcelando a una gran cantidad de personas y se están modificando normas electorales de gran importancia justo cuando nos acercamos a un nuevo período electoral en el que se decidirá sobre el gobierno y los diputados.
”La gente va a votar y el gobierno está alterando las leyes para mantenerse en el poder. Esta medida, que califico como populista y con fines electorales, sugiere que cualquier cosa es posible, incluso que el régimen de excepción se vuelva permanente, ya que también se busca combatir a aquellos que el gobierno considera sus enemigos”.
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