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Managua. Durante días, María Magdalena Saldaña ha enganchado una cadena dorada que rodea su cintura a la reja que resguarda una de las prisiones más famosas de Nicaragua.
Y allí tiene intención de permanecer, sin consumir nada más que agua, hasta que el gobierno del presidente Daniel Ortega libere a su hijo, detenido sin explicaciones en su casa la semana pasada durante una redada policial.
“Que sepa el mundo lo que una madre en Nicaragua sufre”, dice Saldaña entre lágrimas, mientras varios guardias de seguridad la observan a través de la reja.
“Me duele el corazón. Me duele el alma”, agrega, aferrándose a la orden de liberación de su hijo, emitida por un tribunal de apelaciones de Managua, y que la mujer de 75 años explica que ha sido ignorada.
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El 12 de junio, la Policía arrestó a Wilder Octavio García Saldaña y lo llevó a la prisión de El Chipote, envuelta en una exuberante vegetación en lo alto de Managua.
La reputación de brutalidad de esa institución está tan enraizada como sus celdas subterráneas, que se extienden por debajo de una escarpada colina en el centro de la ciudad.
2.000 presos
Saldaña, de 37 años, es uno de los cerca de 2.000 encarcelados allí desde que la población comenzó a levantarse contra Ortega, un exguerrillero que desde 2007 ha sido reelecto en el poder por tres períodos consecutivos.
La madre del prisionero se ha unido a decenas de personas que protestan por el encarcelamiento repentino de sus familiares y amigos.
“El único ‘delito’ que creo que mi hijo tiene es haber ido a una marcha”, dice, en referencia a las manifestaciones masivas contra el gobierno que las fuerzas oficiales han reprimido violentamente, dejando al menos 178 muertos en dos meses.
”Él levantó la bandera de Nicaragua, que es el símbolo patrio”, añade. “Queremos la libertad”.
El complejo carcelario ahora conocido como El Chipote alguna vez sirvió como centro neurálgico de la dictadura militar bajo la dinastía política de los Somoza, que tuvo en la tortura su principal herramienta para aplastar a la rebelión.
El propio Ortega estuvo retenido allí, mientras luchaba con las fuerzas guerrilleras que finalmente derrocaron a Anastasio Somoza en 1979.
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Pero al asumir el poder, el gobierno de Ortega optó por mantener viva la prisión.
La bautizaron El Chipote en honor al centro de operaciones del venerado Augusto César Sandino, un revolucionario que durante los años 1920 y 1930 luchó contra la ocupación estadounidense, inspirando a los rebeldes de la época de Ortega décadas más tarde.
Las sombras del horror
Pero entre los nicaragüenses de hoy, el antiguo símbolo de la dictadura -con celdas oscuras del tamaño de armarios- sigue agitando sombras de horror.
Por eso, la acusación de familiares de detenidos y abogados de derechos humanos de que Ortega permite que miles de opositores sean “arbitraria e ilegalmente” encarcelados allí es particularmente dura.
Braulio Abarca, abogado del reconocido Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dice que en un solo día recibió 28 “denuncias de detenciones ilegales, con golpes, con tratos crueles, inhumanos y degradantes, y con signos claros de tortura perpetrados por la Policía Nacional”.
Algunos de los detenidos, dijo Abarca, tienen solo 15 años.
“El delito en Nicaragua es ser joven y defender tu patria”, dice uno de muchos carteles que los manifestantes han dejado en la cerca de la prisión.
A unos metros de la encadenada Saldaña, la abuela de 96 años Anastacia Morales Centeno, diminuta en estatura, se restriega el rostro mientras solloza por su nieto Bernardo.
Cuenta que una mañana temprano, un grupo de paramilitares leales a Ortega lo arrojó a un camión.
“No aguanto ya. No he dormido, estoy pensando en él”, dice, mientras se protege del sol con un paraguas.
Patrón de detenciones
En los primeros días de las protestas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo documentar “un patrón de detenciones masivas y arbitrarias”.
Los detenidos eran a veces despojados de sus pertenencias y privados de comida y agua, detalló ese ente, agregando que algunos habían sido “rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes”.
El subdirector del Cenidh, Gonzalo Carrión, tenía 18 años cuando los sandinistas expulsaron a Somoza, y ahora expresa su conmoción al describir la actual “tragedia”.
Esta policía está “al servicio del poder”, dice.
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Mientras los nicaragüenses lidian con lo que Carrión llama “un Estado de terror”, el gobierno lo niega.
En el marco del diálogo mediado por los obispos católicos, el canciller negó la culpabilidad de fuerzas respaldadas por Ortega.
El viernes, el clero anunció que el gobierno y delegados civiles habían llegado a un acuerdo para crear una Comisión de Verificación en la que fueron invitados entes internacionales, incluida la CIDH, a investigar la violencia que casi a diario termina en derramamientos de sangre.
Pero Saldaña tiene preocupaciones más inmediatas. “No me iré hasta que él salga de esa prisión”, dice en referencia a su hijo. “Estamos siendo agredidos constantemente”, asegura llorando, mientras familiares corean “libertad” detrás de ella.
“Aquí no hay justicia en Nicaragua. Yo estoy decepcionada de mi linda Nicaragua”, dice.
