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Policías hacían un operativo el 3 de junio en la Penitenciaria Nacional en el valle de Amarateca, Tegucigalpa. | AP. (STR)
Tegucigalpa. AP. Los jefes de la Policía y la Justicia en Honduras se preparaban ayer para comparecer ante el Congreso y dar cuenta del fallido proceso de depuración policial en uno de los países más peligrosos del mundo.
Para los analistas, el informe ofrecerá pocos resultados y repetirá muchas verdades obvias que el hondureño promedio sabe y padece. Verdades como que la remoción de policías corruptos no ha sido posible por una serie de razones que van desde la falta de voluntad política, fallas legales al momento de tomar decisiones, trampas burocráticas y la negativa de la misma fuerza para ser suspendidos de sus labores mientras se realizan las pruebas.
Pese a la elocuencia de los pedidos de los políticos de las diversas bancadas hechas durante la semana pasada, lo cierto es que el proceso de depuración policial parece que no va para ningún lado. En marzo, y ante la falta de resultados, Washington suspendió el dinero para seguir con las pruebas hechas con el detector de mentiras, los exámenes toxicológicos y psicológicos, y una auditoría al patrimonio de cada agente.
Según un documento enviado por la Embajada de EE. UU. al Director General de la Policía, Juan Carlos Bonilla, en las primeras 373 pruebas de polígrafo realizadas, 142 policías no las aprobaron. Es decir, el 38% de ese total.
Las pruebas fueron practicadas entre mayo y setiembre del 2012 a agentes de todo el país.
Según datos tomados de una audiencia en el Congreso celebrada en abril, solo siete agentes de una fuerza con 13.800 miembros habían sido separados de sus puestos oficialmente y algunos de esos siete habían sido readmitidos luego.
El más reciente intento de depuración ocurrió la semana pasada. El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, hizo público un comunicado que anunciaba la suspensión temporal de unos 1.400 investigadores encargados de luchar contra las pandillas e investigar y prevenir asesinatos y robos para someterlos a exámenes toxicológicos y psicológicos, a un detector de mentiras y a una auditoría del patrimonio de cada uno de ellos.
La decisión no fue notificada oficialmente a los policías. Al día siguiente, cien de ellos ocuparon la sede de investigaciones y se negaron a aceptar la decisión. Cuando las directivas quisieron dialogar con ellos, expulsaron a gritos al enviado del Gobierno.
En menos de 24 horas, y tras un proceso de negociación, la protesta se desactivó pero sin conocerse con claridad las razones, pues el Gobierno y los manifestantes daban versiones distintas.
