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Boudou ha dicho que es inocente y víctima de una maniobra de grupos económicos (AFP)
Buenos Aires
El vicepresidente argentino, Amado Boudou, quedó a un paso del juicio oral luego de que un tribunal confirmó los cargos en su contra por recibir sobornos y hacer negociaciones incompatibles con la función pública como partícipe de una maniobra para adueñarse de la única empresa dedicada a la impresión de billetes.
La resolución fue dictada por la Sala 1 de la Cámara Federal, que ratificó así lo actuado por el juez federal Ariel Lijo y dejó el camino despejado para que el vicepresidente sea sometido a juicio en principio antes de fin de año, aunque antes el magistrado deberá cumplir con nuevas medidas de prueba solicitadas por sus superiores del tribunal.
El vicepresidente seguirá en libertad puesto que el juez Lijo no pidió su detención preventiva y esto fue avalado el jueves por el tribunal federal.
De ser hallado culpable Boudou, el primer vicepresidente en la historia del país en ser procesado durante el ejercicio de la función pública, podría recibir una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo contra Boudou complica aún más al Gobierno de Cristina Fernández, quien hace menos de una semana fue imputada por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes de un atentado terrorista contra un centro judío en 1994. Esta denuncia fue impulsada por el fiscal federal Alberto Nisman pocos días antes de aparecer muerto en su apartamento en misteriosas circunstancias.
La mandataria, que también enfrenta otra causa por irregularidades en empresas de su propiedad, ha negado los cargos y sostiene que su Gobierno es blanco de un intento de golpe de Estado por parte del Poder Judicial y de corporaciones mediáticas.
Lijo procesó en julio pasado a Boudou por la adquisición a través de terceros del 70% de la calcográfica Ciccone —única impresora de billetes de curso legal— que luego contrataría con el Estado Nacional para la impresión de papel moneda.
De acuerdo a la investigación de Lijo, los propietarios de Ciccone Calcográfica buscaron la ayuda de Boudou tras decretarse la quiebra de la empresa a mediados de 2010. En ese entonces ministro de Economía del primer Gobierno de Fernández, Boudou tomó el control accionario de la empresa, una maniobra que para el magistrado se encuadra en el delito de cohecho.
Para el juez, Boudou también incurrió en el delito negociaciones incompatibles con la función pública cuando ya teniendo el control accionario de la empresa "intervino, en forma inédita" para que la agencia federal de ingresos públicos le facilitara a Ciccone un plan de pagos muy conveniente para sanear su deuda fiscal y para que se realizara una quita de intereses, multas y honorarios.
Boudou no se ha pronunciado sobre el fallo del jueves de la Cámara Federal, pero anteriormente ha dicho que es inocente y víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectado sus intereses por las políticas populistas del gobierno kirchnerista.
