Ginebra. La respuesta israelí a las manifestaciones palestinas en Gaza en el 2018 se asemeja a “crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”, concluyó este jueves una comisión de investigación de la ONU en un informe considerado “falso y parcial” por Israel.

Según la comisión, cuyo mandato estaba limitado a los acontecimientos del 2018, estas manifestaciones eran esencialmente de "naturaleza civil" y existen "motivos razonables para creer que francotiradores de élite israelíes dispararon contra periodistas, personal sanitario, niños y personas discapacitadas, sabiendo que eran claramente reconocibles como tales".

De acuerdo con los investigadores, enviados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no recibieron la autorización de Israel para ir sobre el terreno, “más de 6.000 manifestantes desarmados fueron alcanzados por francotiradores de élite militares” durante las manifestaciones el año pasado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el informe en Twitter: "El Consejo establece nuevos récords de hipocresía y de actitud falaz, motivada por su odio obsesivo a Israel".

Israel mencionó también su derecho a defenderse de las actuaciones del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna en la franja de Gaza.

Por su lado, el grupo islamista Hamás reclamó que la comunidad internacional haga “rendir cuentas” a Israel por “crímenes de guerra”.

En Ginebra, el presidente de la Comisión de la ONU, Santiago Cantón, explicó que el derecho internacional relativo a los derechos humanos era aplicable a estas manifestaciones, pues la investigación demostró que “una mayoría aplastante de manifestantes no estaba armada, aunque no siempre fueran pacíficos”.

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"Los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario". "Algunas de estas violaciones pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad y deben ser inmediatamente investigadas por Israel", afirmó y aseguró que solo un tribunal podrá determinar si ha habido tales crímenes.

Recomendaciones

La comisión recomienda a las autoridades de la franja de Gaza cesar el uso de "cometas y globos dotados con dispositivos incendiarios", siendo el envío de estos artefactos hacia Israel uno de los aspectos de la vasta movilización palestina.

La franja de Gaza, enclave situado entre Israel, Egipto y el Mediterráneo, es el escenario desde marzo del 2018 de manifestaciones semanales, generalmente acompañadas de violencia, a lo largo de la valla fronteriza.

Al menos 251 palestinos murieron por disparos israelíes desde esta fecha, la gran mayoría a lo largo de la frontera, y el resto murió en los ataques israelíes de represalia a los actos hostiles provenientes del enclave.

Dos soldados israelíes murieron en el mismo periodo.

La comisión, con quien Israel no cooperó, realizó 325 entrevistas con víctimas, testigos y fuentes y recogió más de 8.000 documentos. También tuvo acceso a material audiovisual, incluido grabaciones realizadas por drones.

Además del fin del bloqueo israelí sobre el enclave desde hace más de 10 años, la "Marcha del retorno" reclama el regreso de los refugiados palestinos a las tierras de las que huyeron o de las que fueron expulsados con la creación del Estado de Israel en 1948.

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Israel proclamó reiteradamente que esta protesta masiva estaba orquestada por Hamás, con el que libró tres guerras desde el 2008.

Sin embargo, para los investigadores de la ONU, “las manifestaciones eran de naturaleza civil, con objetivos políticos claramente enunciados” y “pese a algunos actos de violencia importante, la comisión consideró que las manifestaciones no constituían combates o campañas militares”.

"No hay ningún motivo para matar o herir a periodistas, médicos y personas que no representan una amenaza inminente de muerte (...) para las personas que los rodean. Apuntar a niños y personas discapacitadas es particularmente alarmante", señaló otra investigadora de la ONU, Sara Hossain.

El 18 de marzo se presentará un informe más detallado ante el Consejo de Derechos Humanos. Además, ha creado un "archivo confidencial" de los presuntos responsables de estas violaciones e invita a la Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bechelet, a quien se le enviará esta lista, a compartirla con la Corte Penal Internacional.

Los investigadores recomiendan también establecer sanciones internacionales contra estos individuos.