Familiares de detenidos evacuan entrada a cárcel en Nicaragua

“Salimos rápido porque el lugar estaba rodeado de policías”, contó a la AFP Salvadora Pérez, de 30 años, cuyo esposo fue capturado el pasado 15 de julio en Managua.

Pérez es una de las 50 mujeres con familiares que han sido detenidos ilegalmente en el marco de las protestas antigubernamentales, que aguardaban noticias de sus seres queridos en las afueras de la cárcel El Chipote, de máxima seguridad de la Policía.

Las mujeres se refugiaron en la Catedral de Managua con el apoyo de organizaciones de derechos humanos por temor a ser agredidas por los armados.

“Vinieron hombres encapuchados con armas a decirnos que si no nos salíamos nos iban a matar, por eso nos venimos acá” a la Catedral, dijo a la AFP una mujer que no quiso revelar su nombre.

“Comenzaron a decir que teníamos que desalojar porque estábamos amenazados por el gobierno”, dijo otra mujer, que tiene un hermano preso.

“Dijeron que a punta de balas nos iban a sacar”, declaró a su vez la esposa de un militar detenido por negarse a ser parte de grupos paramilitares.

Muchas de estas mujeres llevan días durmiendo bajo una carpa en las afueras de El Chipote esperando que la policía les informe la situación de sus familiares detenidos, que según la ley no pueden ser retenidos más de 48 horas sin cargos judiciales.

“Anoche no podíamos dormir porque se escuchaban balaceras y lamentos” desde el interior de la cárcel, “era la voz de un varón que decía: ya no (más) por favor”, relató con los ojos llorosos una de las madres.

“¿Cuándo se va a terminar esta pesadilla?”, demandó sin contener el llanto, Carmen Velázquez, esposa de un detenido, quien se desmayó debido a su estado de embarazo.

“No les basta reprimir a sus hijos detenidos de manera ilegal, sino que ahora van contra las madres que están esperando información sobre ellos”, dijo a la AFP la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Marlin Sierra.

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Ubicada sobre un cerro en el centro de Managua, El Chipote ha sido señalado como un centro de tortura por organismos de derechos humanos que pidieron su cierre.

Cientos de nicaragüenses han sido detenidos en las protestas que iniciaron el 18 de abril contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Las manifestaciones han dejado un saldo de 280 muertos y unos 2.000 heridos, según organismos de derechos humanos.