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Managua. Hombres de civil, encapuchados y fuertemente armados siembran pánico en Nicaragua. Su intervención en las protestas antigubernamentales, a plena luz del día, abrió el debate sobre el papel que debe jugar el Ejército en una crisis desbordada, con al menos 212 muertos en dos meses.
Pobladores y organismos de derechos humanos denuncian constantemente que parapolicías y paramilitares actúan con la Policía para reprimir las protestas y desmontar los bloqueos de calles. Pero el gobierno lo niega y acusa a los manifestantes de “delincuentes”.
En un país con una historia en la cual los militares han tenido protagonismo y que vivió dos guerras seguidas en los años 1970 y 1980, algunos creen que el Ejército podría neutralizar de inmediato a esos grupos y, políticamente, presionar la renuncia de Ortega.
“No puede haber dos ejércitos en este país. El Ejército de Nicaragua constitucionalmente debería desarmar a los paramilitares”, opinó el académico Carlos Tünnermann, delegado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que dialoga con el gobierno.
Desde que se iniciaron las protestas, el 18 de abril, el Ejército ha emitido dos comunicados para comprometerse a no reprimir a los manifestantes, hacer un llamado al diálogo y al cese de la violencia.
Pero creó desconfianza la escolta que dio el jefe del Ejército, general Julio César Avilés, a Ortega en la primer comparecencia durante la crisis y señalamientos de pobladores que involucran a militares o exmilitares en los operativos contra las protestas.
“Si el Ejército pretende contribuir a una solución pacífica a través del diálogo, debe y tiene que desarmar a las bandas paramilitares”, opinó Edmundo Jarquín, excandidato presidencial por un movimiento disidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, gobernante).
Los intereses del Ejército
Para los expertos, el comportamiento del Ejército, que constitucionalmente debe ser una institución “apartidista”, “apolítica” y “no deliberante”, tiene relación principalmente con la defensa de intereses económicos.
Por medio del Instituto de Previsión Social Militar, su “brazo empresarial”, explica el analista en temas militares Roberto Orozco, dispone de constructoras, residenciales, inmobiliarias, hospital, financieras, acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y otras inversiones.
“Ese puede ser uno de los factores que inclinen la balanza, cuando sus intereses corporativos se vean amenazados o se llegue a un punto de ingobernabilidad total”, agregó.
En su ensayo El nuevo protagonismo militar, la especialista Elvira Cuadra dice que las fuerzas armadas están “en una posición de subordinación interesada frente a Ortega”. “No son actores pasivos”, sino parte de una compleja red tejida entre el gobierno, grupos de poder económico y la élite militar y policial, sostiene.
El Ejército de Nicaragua surgió de la guerrilla del FSLN que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y pasó de unos 90.000 a unos 13.000 efectivos con un presupuesto de $75 millones, según un informe del 2016 de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina.
Orozco y Cuadra explican que el gobierno de Ortega impulsó reformas al Código Militar, entre ellas el tiempo de servicio y edad de jubilación, para mantener a la vieja guardia sandinista.
“El Ejército está dividido. La cúpula está comprometida con Ortega, no solo por los negocios, sino porque los mantuvo en el cargo. Pero de los coroneles hacia abajo están viendo los efectos que traería para la institución el compromiso de la jefatura”, comenta Orozco.
A pesar de que el cargo era por cinco años, el general Avilés, quien asumió la jefatura en el 2010, fue ratificado por Ortega para un segundo periodo, del 2015 al 2020.
Los expertos señalan que, en el plano institucional, lo más crítico es el estancamiento en los ascensos y la promoción de cargos intermedios, lo que ha generado un “descontento” interno.
El Ejército, que en los últimos años reactivó sus vínculos con los militares rusos, tiene también buenas relaciones con Estados Unidos.
Si se involucra directamente a favor de Ortega y reprime las protestas -lo cual podría desatar una violencia descomunal- se expone a sanciones externas, como las que aprobó Washington contra jefes policiales involucrados en la represión, según los analistas.
Pero para el comandante de la revolución Luis Carrión Cruz, el Ejército debe abandonar la posición de “complicidad pasiva” y desarmar a los paramilitares.
Otroexperto en seguridad Roberto Cajina estima que es inconveniente que los militares se conviertan en árbitros políticos, y Cuadra alerta sobre el peligro de verlos como “salvadores” cuando en realidad intervendrían para velar por sus intereses.
“Nos interesa que el Ejército no sea una fuerza deliberante porque luego se quedan con el pastel”, señala Douglas Castro, uno de los dirigentes estudiantiles de las protestas.
Orozco estima que la crisis debe ser superada políticamente. Si interviene el Ejército, dice, “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.
