Bogotá. Reuters. Colombia destituyó a otros 11 efectivos del Ejército implicados en casos de violaciones a los derechos humanos relacionadas con desapariciones de civiles que luego fueron reportados como muertos en combates, dijo ayer el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
La nueva purga se produjo en el inicio del Gobierno de Barack Obama y cuando Colombia intenta que el Congreso estadounidense ratifique un Tratado de Libre Comercio que firmaron los dos países.
La mayoría demócrata en el Congreso exige mayor compromiso de Colombia para evitar las violaciones a los derechos humanos y reducir la violencia contra dirigentes sindicales.
“Esto es parte de una política, no solamente del Presidente y del Ministro, sino también del alto mando; todos estamos comprometidos a erradicar por completo el problema de la violación a los derechos humanos y por supuesto esto de los falsos positivos”, declaró Santos a radio Caracol.
Los denominados “falsos positivos” son aquellas personas ajusticiadas por militares, acusadas falsamente de pertenecer a la guerrilla izquierdista o ilegales grupos armados integrados por antiguos paramilitares de ultraderecha.
Se trata de la tercera destitución en el Ejército de Colombia después de las realizadas a finales de octubre, cuando retiró del servicio activo a 27 efectivos, incluidos tres generales, y a mediados de noviembre cuando separó de las filas a otros 13 militares.
Los 11 militares destituidos esta semana pertenecieron al batallón La Popa, una controvertida unidad del Ejército con sede en la ciudad de Valledupar –la capital del departamento del César– acusada por grupos de derechos humanos de haber realizado en el pasado alianzas con paramilitares en el norte del país para combatir a la guerrilla.
Un informe de un grupo de derechos humanos reveló que entre enero del 2007 y junio del 2008 se registraron 535 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. La Procuraduría General realiza más de 900 investigaciones de “falsos positivos” que involucran a más de 2.300 efectivos.
Adicionalmente a la destitución, el comando del Ejército desactivó la brigada móvil 15 que operaba en el noreste del país después de que varios de sus efectivos resultaron implicados en las ejecuciones de civiles.
El presidente Álvaro Uribe asumió el cargo el 7 de agosto del 2002, después de ganar la elección con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia, y fue reelegido por otros cuatro años en el 2006.