Nicaragua rechaza recibir al nuevo embajador de la Unión Europea

"Ante su injerencista, atrevido e insolente comunicado [...], la República de Nicaragua [...] ha decidido suspender el plácet que había concedido al Señor Fernando Ponz, como embajador de esa Potencia avasalladora", dice una nota firmada por el canciller nicaragüense Denis Moncada.

"En estas circunstancias y frente al permanente asedio al Derecho de nuestro Pueblo a la Soberanía Nacional, no recibimos a su Representante", agrega la nota dirigida a Bruselas.

Previamente, el bloque europeo había emitido una crítica declaración por el quinto aniversario del inicio de las protestas de 2018, que fueron violentamente reprimidas por el gobierno de Ortega con saldo de más de 350 muertos, según la ONU.

"Han pasado cinco años desde que miles de ciudadanos nicaragüenses salieran a la calle para expresar su legítima reivindicación de los derechos humanos [...]. En lugar de que sus demandas fueran escuchadas y respetadas, el pueblo de Nicaragua se enfrenta desde entonces a una represión sistémica", dijo la UE en su declaración.

Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.

Persona non grata

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Las relaciones entre Nicaragua y la UE se deterioraron dramáticamente en el último año y el 28 de setiembre pasado el gobierno de Ortega declaró persona non grata a la representante de la Unión Europea en Managua, Bettina Muscheidt.

En respuesta, el Consejo de la UE declaró persona non grata a la representante de Nicaragua ante el bloque, Zoila Muller Goff.

Además, el pasado 13 de octubre el Consejo de la UE renovó por un año, hasta el 15 de octubre de 2023, las sanciones contra 21 ciudadanos y tres entidades de Nicaragua "en vista de la situación" política en el país.

El paquete original de sanciones de la UE contra Nicaragua fue adoptado en 2019 e incluía a seis personas, aunque la lista de sancionados fue gradualmente aumentando, incluyendo a hijos de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Todos estos funcionarios tienen vetada la obtención de visas para ingresar a la UE, y eventuales activos que posean en la Unión Europea son congelados.

”Nuevos patrones” de represión

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En tanto, Amnistía Internacional denunció este martes que Nicaragua está empleando "nuevos patrones" de violaciones de los derechos humanos, en el quinto aniversario del inicio de las protestas antigubernamentales.

El gobierno de Ortega, que afirma que las protestas de 2018 eran parte de un fallido golpe de Estado promovido por Washington, convocó para el miércoles a una marcha en Managua para conmemorar el llamado "Día de la paz", por el aniversario de las protestas.

La organización humanitaria expresó que el gobierno de Ortega y Murillo recurre al uso excesivo de la fuerza, leyes penales, ataques contra la sociedad civil y al exilio forzado con el fin de silenciar a sus críticos.

"La política de represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones", afirmó Amnistía en un informe titulado "Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua".

Managua sigue sin reaccionar al informe de Amnistía, pero el canciller Moncada afirmó que las críticas de la UE al gobierno de Ortega ratifican las “posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea”.