EscucharManagua. El gobierno de Nicaragua tomó la decisión de clausurar nueve organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que se incluye una católica y tres evangélicas, además de aprobar el cierre de una universidad privada, según decisiones oficiales divulgadas este martes.
La cancelación de la personería jurídica de estas nueve entidades se basa en supuestos “incumplimientos” en la presentación de informes financieros durante periodos que varían entre dos y 26 años.
Tras esta medida, los bienes de estas organizaciones serán transferidos al Estado, según lo establecido por el Ministerio del Interior, cuya decisión fue publicada en el diario oficial La Gaceta.
Entre las ONG clausuradas se encuentra la católica Asociación Máter Puríssima Nicaragüense Año 2000, así como las evangélicas Asociación Iglesia El Nuevo Remanente, Fundación Cristiana Renuévame Señor y Asociación Iglesias Solo Jesucristo Salva Hechos 4:12.
Otra de las entidades afectadas es la Fundación Aguas Bravas Nicaragua (ABN), con registro desde el 2013 y dedicada, según su perfil en redes sociales, al apoyo a mujeres que fueron víctimas de abusos sexuales en su infancia.
El Ministerio del Interior argumenta que ABN no presentó estados financieros entre los años 2015 y 2022, y que su directiva estaba vencida desde el 2014.
En relación con estas decisiones, se destaca que los bienes muebles e inmuebles de estas nueve organizaciones pasarán a ser propiedad del Estado, conforme a la legislación que regula a las ONG.
Asimismo, en otra resolución publicada en La Gaceta, el Ministerio del Interior aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de la “Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (UNACAD)” por “disolución voluntaria”.
Esta universidad, fundada en febrero del 2005, solicitó su cierre debido a “bajos ingresos que impiden cumplir con el programa de inversiones para Plan de Mejora”, según la información publicada.
Cabe destacar que estas medidas se enmarcan en un contexto en el que Nicaragua fortaleció sus leyes, especialmente después de las protestas del 2018 contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Dichas manifestaciones, que duraron tres meses, dejaron según la ONU más de 300 personas fallecidas.
El gobierno de Ortega, considerando estas protestas como un intento de golpe de Estado respaldado por Washington, afirmó que algunas ONG las financiaron.
Desde el 2018, el gobierno ha cerrado alrededor de 3.500 ONG.
