Carlos Vargas, director de Tributación, informó de que los Tribunales de Justicia establecieron la primera condena por defraudación fiscal en firme de Costa Rica, a seis personas vinculadas con una empresa familiar dedicada a la importación de ropa.

A los imputados se les impuso una condena de 10 años por dos delitos de defraudación a cada uno. El caso se denunció, en la vía judicial, en el 2004, y fue 16 años después que se estableció la sentencia y se confirmó la defraudación de ¢380 millones al fisco.

Los sentenciados son un hombre de apellidos Soto Mora, representante legal de las empresas y accionista mayoritario de las sociedades involucradas; dos mujeres de apellidos Soto Navarro, encargadas de las ventas y los ingresos percibidos; dos hombres de apellidos Murillo Hernández, quienes fungían como supervisores de zona y un hombre de apellidos Huertas Barboza, contador del grupo empresarial.

A cada uno se les encontró culpables de dos delitos de defraudación fiscal y se les impuso la sentencia máxima de cinco años, en cada delito, informó Vargas.

Los detalles de este caso fueron brindados por Vargas, este miércoles 7 de octubre, por medio de una conferencia de prensa virtual.

“Se trató de un proceso judicial muy complejo que se realizó durante 16 años. Involucró la investigación de 156 personas, físicas y jurídicas, y la participación del Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial”, detalló Vargas.

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El funcionario explicó que los sentenciados tenían un conglomerado de 53 empresas que se dedicaban a la importación y venta de ropa y zapatos, mediante establecimientos comerciales en todo el país.

“Los locales comerciales operaban teóricamente de manera independiente, bajo el régimen de tributación simplificada. Pero luego de la investigación se detectó que formaban parte de un solo grupo económico y se determinó que se estaba defraudando al fisco por una suma importante de dinero”, destacó el Director de Tributación.

La pesquisa realizada por la entidad tributaria determinó que el monto de impuesto sobre las utilidades dejado de pagar superó los ¢149,7 millones, en el 2001, y ¢230,8 millones, en el 2002.

Actualmente, existen otros 21 procesos de posibles delitos tributarios en investigación judicial, cuyo monto de tributos dejados de pagar al fisco alcanza los ¢20.800 millones.

Detección de anomalías

Las anomalías en el pago de impuestos se detectaron después de una inspección tributaria efectuada al conglomerado familiar.

“Se empiezan a revisar las relaciones económicas de las personas con otras entidades y, a partir de eso, se construye el caso de auditoría. Se detecta un impuesto dejado de pagar y se presenta la denuncia al Ministerio Público”, explicó Vargas.

El vocero de Tributación afirmó de que existía una clara distribución de funciones, las cuales eran llevadas a cabo por los acusados para no pagar impuestos.

Soto Mora era el principal desarrollador de la actividad comercial. Por otra parte, sus hijas eran las encargadas de ejecutar y controlar la venta de mercaderías, así como los ingresos percibidos.

En tanto que Murillo Hernández se encargaba de recibir el dinero en efectivo generado y efectuar depósitos bancarios producto de las ventas. Por su parte, el contador era quien le daba sostenibilidad al esquema del ilícito, explicó Vargas, en conferencia de prensa.

En el proceso de investigación se realizó el levantamiento del secreto bancario.

“El resultado del levantamiento bancario evidenció que los ingresos gravables obtenidos por estas personas, en su actividad comercial, no fueron declarados al fisco, y en consecuencia se había incurrido en el supuesto delito de defraudación fiscal, hechos que fueron confirmados en sede judicial”, destacó Vargas.

La maniobra se realizó en cuentas bancarias de Soto Mora, sus dos hijas, y de Murillo Hernández.