La base mínima contributiva, el salario base mediante el que se calculan las contribuciones al seguro social, volvió a ser tema de discusión luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendara a Costa Rica eliminarla con el fin de reducir la informalidad.
En el pasado, Colombia aplicó una reforma a las cargas sociales, lo que generó un aumento en la formalidad de los trabajadores, pero en Costa Rica esta decisión también tendría efectos directos sobre otras instituciones que también se financian con los aportes de los patronos.
Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, afirmó, durante una visita a Costa Rica, a inicios de febrero pasado, que “la reducción de los costos no salariales en la planilla que pagan los empleadores puede ayudar a reducir la informalidad”; y mencionó el caso colombiano.
Es por esto que en esta edición de La Nación Explica le contamos en qué consistió esta política impulsada en el país suramericano y algunas consideraciones sobre una eventual eliminación de la base mínima contributiva en Costa Rica.
La base mínima contributiva en Costa Rica
La base mínima contributiva (BMC) es el salario base que se utiliza para calcular las contribuciones al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y al de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Laura Navarrete, especialista en derecho laboral y gerente sénior de EY Law, explicó que para el caso del SEM la base actual para todos los trabajadores es de ¢327.337, mientras que para IVM es de ¢306.383.
La OCDE propone eliminar el salario base con el que los trabajadores cotizan y así estos contribuyan de acuerdo con los ingresos que declaran, rebajando sus cargas sociales. Esto, según OCDE, tendría un impacto positivo en la informalidad del país que alcanza al 44% de los trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); algo que también mejoraría la productividad.
Según la OCDE, los cargos de planilla representan el 37% del costo salarial y los empleadores pagan el 72% de estos montos. El organismo indicó que eliminar la BMC, de modo que los trabajadores y empleadores contribuyan de acuerdo con los ingresos que declaran, reduciría los costos no salariales, en particular para los trabajadores de bajos ingresos.
Es importante señalar que no todos los cargos de planilla se destinan a financiar el sistema de salud pública y las pensiones. Alrededor del 7,25% del aporte de los patronos se destina a financiar el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Banco Popular y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Estos aportes se conocen como cargas parafiscales.
OCDE calificó esa forma de financiar las instituciones como “regresiva e ineficiente”, y propuso que puedan ser costeadas, a mediano plazo, por medio de un presupuesto general.
El economista Pablo Sauma explicó a La Nación que variar el costo del aseguramiento tendría un impacto en la informalidad, y amplió que muchos trabajadores no están asegurados no porque ellos o sus patronos no quieran pagar la seguridad social, sino que en muchas ocasiones los salarios son inferiores al mínimo y la base sobre la cual cotizan es muy alta, por lo que no alcanzan a pagar los montos mínimos de aseguramiento.
¿Cómo financiar a estas instituciones?
Miguel Loría, economista e investigador de la Academia de Centroamérica, explicó a La Nación que financiar cargas sociales con impuestos luce como una opción a considerar. Así también lo sugiere OCDE, que indica que la reducción de los costos no salariales mediante la reducción de los cargos de planilla que pagan los empleadores puede ayudar a reducir la informalidad.
Sin embargo, esto implica un esfuerzo fiscal y algunos riesgos, como que el financiamiento por esta vía no sea suficiente, o que por alguna circunstancia el Ministerio de Hacienda no traslade las partidas a las instituciones, según el investigador.
Loría también manifestó que reducir cargas para los trabajadores es una condición necesaria para bajar la informalidad, pero no es suficiente. En este sentido, OCDE hace otras recomendaciones como facilitar la creación de empresas, reduciendo el costo burocrático y económico de establecer una empresa formal, simplificando algunos impuestos.
Según el organismo multilateral, la experiencia de Colombia sugiere que la reducción de las cargas sociales puede bajar la informalidad. Loría coincidió en que el caso de ese país es el que más se puede asimilar a la realidad costarricense, pues el porcentaje de informalidad era semejante y en ese país también existían las cargas parafiscales.
El caso de Colombia
En el 2012, el Congreso colombiano aprobó una reforma que redujo el impuesto sobre la nómina en 13,5 puntos porcentuales (p. p.), alcanzando el 16% del salario bruto. La reforma redujo 5 p. p. de los impuestos parafiscales pagados por el empleador, a 4% del valor de la nómina, y se eliminó el aporte patronal al régimen contributivo de salud de 8,5%.
Para compensar los ingresos fiscales, la reforma introdujo una sobretasa del 9% denominada impuesto sobre la renta para la equidad. Los ingresos obtenidos con esta nueva tasa se destinaron exclusivamente a financiar las instituciones públicas y al sistema de salud afectados por la reforma. El gobierno debía proporcionar fondos adicionales si los ingresos no alcanzaban para cubrir las necesidades presupuestarias de dichas instituciones.
Tres años después de aprobado el cambio, la tasa de informalidad se redujo en 4 p. p. en Colombia. Distintos estudios en ese país, e incluso la OCDE, afirman que la reducción en la informalidad causada directamente por la reforma oscila entre 2 y 4 p. p.
Antecedentes en Costa Rica
El 1.° de julio del 2017 entró a regir el Reglamento para la Inscripción de Patronos y el Aseguramiento Contributivo de las Trabajadoras Domésticas, donde se creó la figura de base mínima contributiva reducida específicamente para ese grupo de trabajadoras.
Con la reforma, un patrono que pagaba un salario mensual de ¢100.000 a una trabajadora doméstica tenía que pagar a la CCSS ¢54.058 adicionales al mes para su seguro. Tras la reforma ese monto disminuyó a ¢27.859.
A pesar de los esfuerzos, el aseguramiento de las trabajadoras domésticas se estancó desde el 2018 al 2022, cuando se registraron entre 18.500 y 19.000 trabajadoras con el beneficio; cifra que no ha variado desde entonces. La situación empeoró con la pandemia, según informó La Nación, en noviembre del 2022.
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Más recientemente, el 1.° de enero del 2023, entró a regir una reforma en la BMC para trabajadores con jornadas parciales, donde los patronos tendrán la posibilidad de calcular las contribuciones para la seguridad social con una base menor fijada según el salario reportado por el trabajador.
Esta reforma no entró a regir para todos los trabajadores automáticamente, sino que su implementación será escalonada hasta el 1.° de enero del 2025 dependiendo de la edad de los asegurados, por lo que habrá que esperar algún tiempo para ver su impacto en el indicador de formalidad de la fuerza de trabajo.