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La entrada en vigencia del impuesto al valor agregado (IVA) para los sectores de construcción y turismo está programada para este 2021, con una tasa inicial reducida del 4%.
Ambas son medidas incluidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), la cual inicialmente propuso comenzar a aplicar el tributo en el 2020.
Sin embargo, su ejecución fue pospuesta durante un año más por la Asamblea Legislativa debido a la llegada de la pandemia de la covid-19.
El Ministerio de Hacienda incluye ambos gravámenes dentro de sus proyecciones de ingreso para este 2021 y puja por su aplicación este año.
No obstante, un proyecto de ley ya busca posponer el IVA para el sector turismo y es posible que llegue uno más para hacer lo mismo con el sector de la construcción.
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El ministro de Hacienda, Elian Villegas, comentó a La Nación que los montos a recaudar por ambos gravámenes podrían ser poco significativos para este 2021, sobre todo en un sector tan deprimido como el turismo, pero aseguró que el Gobierno considera “inconveniente” continuar aplazando su entrada.
Según dijo el jerarca, el criterio de Hacienda es que se debe “tender a la normalización del pago de impuestos”, y apoyar a los sectores por medio de la inyección de otros recursos.
La posición de la cartera choca con la de los sectores que serían gravados, los cuales más bien solicitan moratorias más amplias.
La Ley 9635 inicialmente fijó el arranque del IVA para el turismo y la construcción para julio del 2020; es decir, un año después de la entrada en vigencia del IVA en Costa Rica en lugar del viejo Impuesto de Ventas.
No obstante, los diputados aprobaron dos reformas para extender las exoneraciones por un año más, ante la llegada del nuevo coronavirus.
Con esas exoneraciones, el gravamen al sector turismo se pactó para comenzar a regir en julio del 2021, y para el sector construcción hasta setiembre de este mismo año.
La tarifa del impuesto sería reducida inicialmente para ambos sectores, con una tasa del 4% el primer año. El segundo pasaría a ser de 8% y el tercero a 13%, que es la tarifa regular.
En el caso del turismo, actualmente están exonerados los servicios “prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT)”.
En el caso de la construcción, están exentos aquellos servicios de “ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y/o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)”.
Intentos para postergarlos
Hasta el momento, solo se ha presentado un proyecto de ley que busca evitar uno de estos impuestos y extender una vez más su exoneración.
Se trata de una iniciativa de la diputada independiente Ivonne Acuña, quien propone trasladar la entrada en vigencia del tributo para el sector turismo ya no por un año más, sino hasta el 2024.
Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), aseguró que el proyecto es necesario para mantener la competitividad, sin aumentar los costos de los servicios que se brindan a clientes nacionales e internacionales.
“Es evidente que el turismo mundial está en crisis y en una feroz pelea por los turistas. Solo así podremos reactivarnos, mantener nuestras empresas y los puestos de trabajo”, indicó en declaraciones remitidas por medio de su equipo de prensa.
La posición que finalmente tome el Poder Ejecutivo sobre este proyecto será esencial. Dicho impuesto entraría en vigencia en julio y el Gobierno controlará la agenda del Congreso, por el actual periodo de sesiones extraordinarias, hasta finalizar ese mes.
Es decir, la prórroga de la exoneración solo podrá avanzar, antes de que entre a regir el gravamen, si el Gobierno lo permite.
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La diputada Acuña consideró que lo anterior obligará a ejercer presión sobre el Ejecutivo que, según indicó, aseguró tener el expediente bajo análisis.
Alegó que la medida podría impactar positivamente a trabajadores que hoy tienen sus contratos suspendidos o sus jornadas reducidas.
La congresista también dijo que su despacho, también evalúa la situación del sector construcción, para determinar si es razonable o no impulsar una eventual moratoria similar para ellos.
Esteban Acón, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), aseguró a La Nación que desde esa entidad pujarán por una ampliación de la exoneración en negociaciones con el Gobierno y los diputados.
“No estamos listos, el sector ha sido golpeado y no solo por la pandemia, llevamos más de 26 meses de decrecimiento continuo según el IMAE (índice mensual de actividad económica) y eso hace que el IVA nos encuentre en una posición muy delicada”, aseguró.
‘Nuevos’ impuestos
Junto con el IVA a los bienes y servicios del turismo y la construcción, Hacienda también consideró para este 2021 el aumento de un punto porcentual en las tasas que se cobran sobre las rentas y los excedentes en cooperativas, asociaciones solidaristas y el Banco Popular.
Así se pactó en la Ley 9635, que indicó que estas tasas partirían del 7% e incrementarían gradualmente, cada año, hasta 15% en el caso de las rentas por títulos valores y 10% en el caso de los excedentes o utilidades.
Pese a que ese aumento ocurre automáticamente, el Gobierno espera que sea solo transitorio, mientras se aprueba el proyecto de ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal (22369).
Esta es una iniciativa que se impulsa como parte de la agenda de sostenibilidad convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, entre otras cosas, busca homologar en 15% todas las tasas a rentas de capital y aumentar el gravamen en 1,5 puntos porcentuales por dos años.
“Si no se aprueba ese proyecto entraría un empujón más pequeño, pero esperaríamos contar con ese 16,5%”, afirmó el ministro Villegas.
El Ministerio estima que estos impuestos —aunados al primer año completo del IVA a la canasta básica y a los servicios digitales transfronterizos— le dejarían a las arcas estatales alrededor de 0,1% del PIB este 2021. Un punto del PIB equivale a ¢378.510 millones.
Según el Banco Central, en su Programa Macroeconómico 2020-2021, esa cifra correspondería a unos ¢37.500 millones, de los cuales solo una décima parte provendrían de los seis meses de aplicación del IVA al sector turismo y de los cuatro meses de aplicación del mismo gravamen al sector construcción.
