Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia este 22 de setiembre el seguimiento del programa acordado con el Gobierno de Costa Rica en el marco de la facilidad de Servicio Ampliado del FMI (SAF), por un monto de alrededor de $1.778 millones, informaron esta mañana las autoridades económicas.
La primera misión de revisión del programa iniciará este miércoles 22 de setiembre en la tarde y se extenderá hasta el miércoles 6 de octubre, de manera virtual. La misión será encabezada por Manuela Goretti, quien lideró el equipo técnico que alcanzó el acuerdo en enero pasado.
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El objetivo del seguimiento es conocer el cumplimiento por parte del país de las metas cuantitativas acordadas, así como el nivel de avance en los últimos meses con las medidas de política y las reformas estructurales convenidas. Además, se hará un análisis de las perspectivas económicas para el país y una actualización de las proyecciones para las principales variables.
El crédito de este programa sería desembolsado en seis tractos iguales por un periodo de tres años. Después de un primer desembolso que se realizó con la aprobación del programa, se darán cinco desembolsos adicionales, cada uno de ellos condicionado a la aprobación de una revisión semestral.
¿Qué se revisará?
Según el comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, el objetivo del seguimiento es conocer el cumplimiento por parte del país de las metas cuantitativas acordadas, así como el nivel de avance en los últimos meses con las medidas de política y las reformas estructurales convenidas.
En cuanto a metas cuantitativas el Ministerio de Hacienda ha explicado que el país no tendrá problemas de cumplimiento. Además, se hará un análisis de las perspectivas económicas para el país y una actualización de las proyecciones para las principales variables.
Según el acuerdo, el déficit primario (exceso de gastos, excluidos los intereses, sobre los ingresos del Gobierno) no debe sobrepasar los ¢390.000 millones al cierre de julio y la deuda del Gobierno no debe ser mayor a los ¢26.625.000 millones.
A julio del 2021 el Gobierno Central acumuló un superávit primario (ingresos sobrepasaron los gastos, excluidos los intereses) de ¢100.453 millones (0,26% de la producción) y una deuda de ¢26.384.898 millones.
Donde el país ha tenido dificultades es en la aprobación de los proyectos de ley convenidos.
Según se explica en el comunicado, el programa de políticas en el marco del convenio con el FMI se ancla en tres objetivos: implementar reformas fiscales progresivas para restablecer la sostenibilidad de la deuda mientras se fortalece el gasto en protección social; afianzar la estabilidad monetaria y financiera; e impulsar reformas estructurales para promover un crecimiento mayor, más inclusivo y más verde.
Como parte del acuerdo alcanzado, en la corriente legislativa se encuentran seis proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que buscan restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo, y por esa vía también apoyar la recuperación económica.
Dichos proyectos son: el plan de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital , el impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar, el impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, el de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas, el de renta global dual y la iniciativa de Ley Marco de Empleo Público.
Según informó La Nación el lunes pasado el plazo de discusión de dichos proyectos en comisión ha vencido o está por vencer, lo cual implicaría que los diputados tendrían que decidir sobre ellos sin la suficiente discusión.
El 9 de setiembre pasado el Gobierno envió textos sustitutivos a los primeros cuatro proyectos y remitieron propuestas de mociones para el proyecto de renta global dual con el fin de agilizar la discusión; no obstante, los tiempos legislativos podrían dificultar la discusión de las nuevas versiones.
Respecto al plan de empleo público, el 20 de setiembre la Sala Constitucional entregó a la Asamblea Legislativa la redacción completa de la consulta de constitucionalidad sobre la reforma, lo cual permite seguir con la discusión.
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Durante la misión, el FMI planea sostener reuniones técnicas con las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como con diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil, la academia y representantes del sector productivo.
Una vez concluida la misión, se estarán comunicando los resultados.