Costa Rica cumpliría los objetivos fiscales convenidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aun si no se aprueban nuevos ingresos tributarios en la Asamblea Legislativa, una proyección que se sustenta, en parte, en los buenos resultados financieros del Gobierno, en los últimos meses.
La entidad internacional explicó, en su más reciente informe sobre la evolución del programa de ajuste fiscal negociado con Costa Rica, presentado el 25 de marzo, que, si bien “no ha habido suficiente consenso hasta la fecha para aprobar medidas de ingresos en la Asamblea Legislativa”, los objetivos del programa “parecen estar cómodamente al alcance (del país) incluso sin estas medidas”.
Las proyecciones del Fondo indican que el país incluso conseguiría un superávit primario (resultados de los ingresos menos los gastos sin contemplar los intereses) del 1,3% del PIB, en el 2023, por encima del 1% que se había propuesto como objetivo del programa, cuya duración inicial era de 36 semanas.
El superávit primario es importante porque significa que los recursos de los impuestos, especialmente, alcanzan para pagar los gastos del Gobierno y una parte de los intereses. Este indicador es importante para reducir el endeudamiento público, junto con la tasa de interés sobre la deuda y el crecimiento de la producción.
El FMI llegó a esta conclusión tras considerar el desempeño de las finanzas públicas costarricenses en los últimos meses, así como las proyecciones vigentes para la economía local e internacional en el corto y mediano plazo.
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En total, el Gobierno de la República presentó cinco proyectos al Congreso para generar nuevos ingresos. Entre ellos, planteó un nuevo sistema de renta global sobre las ganancias laborales, un nuevo impuesto a los premios de lotería, una reforma al impuesto a las “casas de lujo” y la eliminación de algunas exoneraciones, incluida de la que actualmente goza el salario escolar del sector público.
Según el FMI, estas medidas ya no serían cruciales para alcanzar las metas fiscales del acuerdo. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que sería conveniente continuar impulsándolas y lograr la aprobación de al menos algunas de ellas para fortalecer el proceso de consolidación fiscal.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, comentó que se trata de iniciativas que revierten algunas distorsiones y dan mayor justicia al sistema tributario; mientras que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, añadió que permitirían dar mayor robustez a las finanzas públicas costarricenses ante la amenaza de shocks externos que desaceleren la economía.
Proyecciones favorables
El programa de ajuste fiscal convenido entre el FMI y el Gobierno de Costa Rica se propuso como meta que el país alcanzara un superávit primario del 1% del PIB en el 2023. Esto representaría una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos del gobierno central de ¢456.000 millones, sin contar el pago de intereses.
Para alcanzar esa meta, el Gobierno se planteó inicialmente impulsar una serie de medidas de contención de gasto y de nuevos ingresos. En el primer rubro incluyó la estricta aplicación de la regla fiscal y la aprobación de una reforma al empleo público; mientras que en el segundo añadió los cinco proyectos antes mencionados.
Los planteamientos de contención del gasto se cumplieron, incluida la reciente aprobación de la Ley Marco de Empleo Público (10.159); pero las iniciativas para aumentar la recaudación tributaria en 1,17% del PIB se atascaron y nunca llegaron a buen puerto.
Las proyecciones del Fondo ahora mismo, sin embargo, indican que el país alcanzaría sus metas fiscales del acuerdo de ajuste fiscal aún sin contar con esos nuevos ingresos. De hecho, el FMI proyecta que el superávit primario del Gobierno Central de Costa Rica en el 2023 será de 1,3% de la producción, por encima del 1% que se había planteado como meta para ese año.
El principal motivo radica en que la recaudación tributaria del país mejoró considerablemente en el 2021, después de la covid-19 y de la recesión económica que originó en el 2020. Los ingresos fiscales crecieron 24% en la comparación interanual, descontando el efecto de la inflación.
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Conjunción de factores
Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, el país actualmente enfrenta una “conjunción de factores positivos” que redundan en este escenario favorable. Los resultados fiscales del 2021 fueron ya mucho mejores de los que se estimaron en el 2020, durante los primeros acercamientos con el FMI para las negociaciones.
Costa Rica cerró el 2021 con un déficit primario de apenas un 0,3% del PIB, cuando las metas del acuerdo con el Fondo dejaban espacio para hasta un 1,7% en ese año.
“Estamos viendo la conjunción de una serie de factores lo suficientemente fuertes como para ir dando, por sí mismos, los rendimientos para el proceso de consolidación fiscal”, apuntó Villegas.
Y el FMI observó lo mismo. En su más reciente informe sobre la evolución del país y de su programa con el organismo, la entidad señaló que la recuperación económica costarricense ha sido evidente, que los ingresos estatales han mostrado una gran solidez y que la reforma fiscal aprobada en 2018 –a través de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635)– ha demostrado un rendimiento mejor del esperado.
La reforma tributaria no logró demostrar su verdadero impacto en el 2019 (cuando se aplicó solo parcialmente) ni en el 2020 (cuando la recesión por la covid-19 hundió a las economías de todo el mundo); pero este 2021 llevó los ingresos tributarios del Gobierno Central a un histórico de ¢5,6 billones.
Solo el impuesto sobre la renta y al valor agregado (IVA) recaudaron ¢730.000 millones más que en el 2018 (último año sin la reforma tributaria), trayendo los datos de ese año a colones de diciembre del 2021.
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Igualmente convenientes
A pesar de la indicación que realiza el FMI sobre la posibilidad de que el país alcance sus metas fiscales sin nuevos ingresos, el Ejecutivo considera que las reformas en materia de nuevos ingresos que planteó al Congreso siguen siendo convenientes.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, afirmó a La Nación que se trata de medidas que “vendrían a fortalecer el proceso de consolidación fiscal en el largo plazo”.
Desde su punto de vista, los proyectos que se han planteado no son excesivamente duros para la población y permitirían al Estado salir más rápido de la asfixia fiscal que le implican los abultados pagos de intereses de la deuda pública.
“La consolidación fiscal se debe ver como un proceso y no como una meta de corto plazo”, anotó el jerarca. “Entre más rápido vayamos con ese proceso, más espacio tendremos en el presupuesto nacional para empezar a echar a andar proyectos importantes en materia de ambiente, de sostenibilidad, de la parte social y de infraestructura”, subrayó.
Por su parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, señaló que las proyecciones son positivas, pero pueden enfrentar problemas en el corto y mediano plazo, por lo que convendría afianzarlas. Recordó riesgos como la guerra en Ucrania, los problemas en las cadenas de producción y el aumento en el precio de las materias primas.
“Debemos recordar que estamos en un contexto de conflicto y de incertidumbre, con interrupción de cadenas productivas, que puede generar tensiones a nuestra economía (...) La tarea no está cerrada y debemos ir viendo cómo se va comportando la economía y, sobre todo, ante los eventuales shocks externos que puedan implicar presiones adicionales”, puntualizó.
En la carta de entendimiento a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, el Gobierno indicó que sigue comprometido con el impulso de los proyectos; “para fortalecer aún más los ingresos y ofrecer un ajuste fiscal más equilibrado e inclusivo”.
Ánimo reformista
Más allá de los actuales proyectos de nuevos ingresos, el FMI indicó que buscará colaborar con las nuevas autoridades de gobierno costarricenses a partir de este mismo año. Según estimó el organismo internacional, a Costa Rica todavía le queda margen para hacer “más eficiente y progresivo” su sistema tributario.
En líneas generales, la entidad multilateral apuntó que el país podría generar “espacio para una tributación más neutral de la renta corporativa”, a través de impuestos sobre la renta personal más progresivos, bases de IVA más amplias y una tributación más justa de las empresas multinacionales.
Las decisiones finales, sin embargo, recaerán sobre el nuevo gobierno.
En ese sentido, tanto José María Figures como Rodrigo Chaves –los dos candidatos presidenciales que disputarán el balotaje este 3 de abril por los partidos Liberación Nacional y Progreso Social Democrático– han dicho que no les interesa plantear nuevos impuestos, pero se han mostrado un tanto más anuentes a modificar detalles de los actuales.