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Distorsiones en el sector de compras públicas y el impacto de mercados controlados como en arroz, café, azúcar, tarifas marítimas y tarifas de colegios profesionales afectan la competencia empresarial en Costa Rica, concluyó un panel de especialistas.
Los expertos en el tema de competencia urgieron, por tanto, a realizar reformas en esos mercados.
Así se expuso en el panel Retos para la Aplicación Efectiva de la Legislación de Competencia en Costa Rica, organizado por la univesidad LEAD, que se realizó este jueves 2 de setiembre.
En el caso de las compras públicas, la implementación de un sistema digital unificado es una idea que tiene ya más de 10 años y que todavía no se ha logrado plenamente, señaló Alan Thompson, profesor de LEAD University, abogado especialista en derecho de la competencia, bancario y regulatorio.
Además, persiste la posibilidad de que oferentes en licitaciones públicas se pongan de acuerdo, en colusión, para presentar determinadas ofertas o que no las presenten, agregó el abogado.
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Igualmente, continuó Thompson, se mantienen las opciones de que empresas vinculadas y consorcios presenten ofertas, así como la existencia de requisitos injustificados en las contrataciones del Estado.
Peor que un monopolio
Por su lado, Miguel Cantillo, profesor e investigador de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica, economista con especialidad en competencia y regulación, expuso cómo en el país un sector exento de las políticas de competencia llega a ser peor que un monopolio.
En este sentido, recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puso en la mesa cinco sectores que están exentos: las tarifas marítimas, las tarifas mínimas que deben cobran los profesionales por sus servicios, fijadas por los colegios respectivos, y los mercados de arroz, azúcar y café.
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Las tarifas que cobran profesionales (abogados, médicos, dentistas, ingenieros y otros) se fijan con un mínimo por medio de lo colegios profesionales respectivos. Este procedimiento es legal en el país y fue avalado mediante una resolución de la Sala IV, pese a las críticas.
Los mercados de productos exentos de la legislación de competencia también están regulados mediante leyes especificas.
En todos estos casos, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) emite criterios o realiza estudios de mercado.
Aunque las recomendaciones de Coprocom no son de acatamiento obligatorio, las entidades públicas deben responder por qué tienen criterios diferentes y podrían llevar a reformas en la legislación.
El caso de más conocimiento público es el arroz, cuyo mercado está bajo el control de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y mantiene un precio fijado mediante decreto del Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) se opuso en este caso y respondió a un criterio de los comisionados donde pedían liberalizar el precio del grano.
Este precio del arroz se fija luego de una petición de la propia Conarroz y cuando el decreto rige todo el comercio debe acatarlo, mientras que, por ejemplo, en la leche —donde hay posición dominante— los aumentos de precios enfrentan resistencia de cadenas de supermercados, explicó Cantillo.
Por esa razón, concluyó el economista, un sector exento es peor que un monopolio para la competencia empresarial en un mercado.
Las tarifas marítimas, en tanto, están bajo control de la Convención del Código de Conducta de las Conferencias Marítimas, la cual permite a las navieras llegar a acuerdos para fijar los precios y distribuirse las rutas marítimas.
Precisamente, la Coprocom realizó un estudio al respecto y este 2 de setiembre emitió las conclusiones, en las cuales pide al Gobierno realizar las gestiones legales y diplomáticas pertinentes para dejar sin efecto esa convención.
Graciela Miralles Murciego, economista sénior del Equipo de Política de Mercados y Competencia del Grupo del Banco Mundial, presentó un estudio de la entidad en el cual se concluye cómo afectan estos y otros temas la competencia empresarial en Costa Rica.
Por ejemplo, en los indicadores de regulación de mercado, que identifica las barreras y legislación al respecto, Costa Rica es el quinto país más restrictivo. En Latinoamérica, solo Argentina y Brasil calificaron como más restrictivos.
