José Luis Arce.. Hace 6 días
10/4/2018. Tibas, estudio Grupo Nacion. Retrato del economista, José Luis Arce. Foto Jeffrey Zamora.
10/4/2018. Tibas, estudio Grupo Nacion. Retrato del economista, José Luis Arce. Foto Jeffrey Zamora.

Recientemente se ha debatido con intensidad acerca de la progresividad del ajuste que se propone en las finanzas gubernamentales, en particular, de su componente tributario. ¿Cuáles son algunos temas ausentes en esa discusión?

Un primer aspecto por considerar es la variedad de las medidas propuestas. Valorar la progresividad o regresividad de las modificaciones impositivas que se proponen conduce a la agregación de los impactos sobre los hogares de cada uno de los cambios.

De esta forma, aunque las modificaciones en los impuestos indirectos tienden a ser regresivas – especialmente por la eliminación de la exoneración a los bienes de consumo básico, las tasas reducidas en el caso de salud o la exoneración en el caso de la educación – las modificaciones en la tributación sobre la renta afectan proporcionalmente más a quienes tienen mayores ingresos. Por lo tanto, considerado globalmente, el ajuste propuesto puede describirse como – en promedio – progresivo, es decir, que la contribución de los hogares es proporcionalmente mayor conforme aumenta su ingreso (nótese que esto es distinto a argumentar que la mayor parte la recaudación adicional que generará el proyecto proviene de los hogares de mayor ingreso, algo que es deseable y cierto de acuerdo con los datos, pero que no es sinónimo de progresividad).

El segundo aspecto clave – olvidado en la discusión actual, por cierto – es que una visión completa de la equidad vertical requiere integrar en el análisis el gasto. Más relevante que determinar aisladamente si un impuesto es progresivo o regresivo, resulta valorar esas mismas características en conjunto con el impacto que tiene el gasto gubernamental sobre los hogares. De esta forma, un tributo indirecto típicamente regresivo puede terminar teniendo un efecto positivo sobre la distribución del ingreso si con esos recursos se financian gastos que impacten positivamente las condiciones de vida de las familias de menor ingreso.

Este punto es medular en la discusión actual, pues debería conducir a que como sociedad procuremos ser más cuidadosos con los efectos distributivos del gasto. Pues si, como muestran diversos análisis, durante al menos las últimas dos décadas las políticas de empleo en el sector público han tenido un efecto negativo sobre la distribución del ingreso, y rubros importantes del gasto –como educación, salud y protección social– pobres resultados en términos de alcanzar los objetivos que se plantean, solo ajustar la carga tributaria y no revisar las reglas de empleo público o adoptar acciones que mejoren la eficiencia y efectividad del gasto terminarían conduciendo a un mundo menos deseable en cuanto a progresividad de la acción estatal y por tanto, a un deterioro en la distribución.

Una reflexión final. La polémica sobre la progresividad del ajuste ha dejado en evidencia la triste realidad de la discusión pública local: más que un mecanismo para que la ciudadanía adquiera un conocimiento real y se construyan puentes para los acuerdos entre sectores antagónicos, ha sido empleada como un mecanismo propagandístico, que adopta una dinámica de confrontación y polarización; es decir, el debate como el circo en donde las partes se desgarran a muerte y los fines justifican a los medios.