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Sin ser chauvinista, un elemento diferenciador del desarrollo económico y social costarricense ha sido, sin duda, la construcción temprana de una sólida estructura institucional, no solo en sus aspectos formales, sino que, además, en su capacidad para crear espacios de convivencia democrática.
Este hecho tiene un peso importantísimo a la hora de explicar la mejora en los niveles de bienestar de la población durante los últimos 200 años.
Evidentemente, no todo ha sido miel sobre hojuelas, tampoco se trata de construir un mito. No obstante, la solidez institucional fue un aspecto fundamental que permitió, en momentos retadores de nuestra historia, generar los cambios económicos, sociales y políticos requeridos por las circunstancias, preservando, no sólo la estabilidad, sino que una preocupación genuina por la equidad y el acceso a las oportunidades.
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Esta fortaleza es algo que el resto del mundo reconoce, por ejemplo, en el ámbito económico, e incluso en coyunturas complejas como la actual, el desarrollo institucional contribuye a compensar, en la percepción que tienen del país en el exterior, los efectos negativos de los desequilibrios macroeconómicos.
Por esta razón, momentos de crisis como los actuales –en donde presuntos casos de corrupción salpican los poderes públicos – implican retos mayúsculos que deben abordarse con rapidez, pero con cuidado.
Primero, pese a los hechos y al desasosiego que estos generan, debe reconocerse que las instituciones siguen mostrando capacidad de respuesta. Esto es fundamental para restaurar la confianza y la credibilidad frente a la ciudadanía; lo que constituye una tarea urgente si se pretende evitar que la indignación y el descontento creen espacios para alternativas populistas y antidemocráticas.
En segundo término, con rapidez, pero con cuidado en los detalles, debe pasarse al diseño y la discusión de las reformas requeridas para corregir los problemas. En esta tarea, la sociedad y los tomadores de decisiones públicas deben evitar la sobre reacción que se manifiesta en una obsesión enfermiza por el control y la amenaza punitiva, en lugar de soluciones basadas en adecuadas estructuras de incentivos, transparencia y rendición de cuentas. Acometer las reformas tomando la ruta equivocada no resuelve el problema inicial y más bien contribuye con la atrofia del Estado, alimentando más la insatisfacción ciudadana.
Otro riesgo que debe evitarse a toda costa es asimilar transparencia y rendición de cuentas con democracia del people meter, es decir, el someter las decisiones y el funcionamiento de las instituciones al estado de ánimo de una volátil opinión pública. Tal cosa no contribuye a restaurar la confianza y crea, más bien, una enorme sensación de inseguridad.
