La Asamblea Legislativa aprobó, en segundo debate, el proyecto de la Ley de Garantías Mobiliarias el pasado 30 de abril, legislación que permitirá a personas y empresas ofrecer una mayor variedad de garantías para obtener préstamos en entidades financieras.
Cuando esta nueva normativa sea implementada por completo, los interesados en créditos estarán en capacidad de otorgar cuentas por cobrar, patentes, derechos e, incluso, cosechas como respaldo a sus operaciones crediticias.
Por el momento, está pendiente la firma de la presidenta Laura Chinchilla y su posterior publicación. Además, deberá emitirse el reglamento respectivo.
Dentro del Poder Ejecutivo, fue el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) el encargado de estructurar este proyecto. Se anunció en febrero del 2013 y está basado en la Ley Interamericana de Garantías Mobiliarias , un texto marco elaborado en la Organización de Estados Americanos.
Respaldo. La nueva ley faculta a los eventuales acreedores a recibir en garantía diferentes valores distintos de los que usualmente se reciben en el sistema financiero como los bienes inmuebles.
Algunos son inventarios de las empresas, equipo, activos circulantes o derechos dados en contratos, cuentas por cobrar, bienes muebles, cosechas y hasta derechos futuros sobre el valor de la madera en pie.
Adicionalmente, se podrán considerar patentes comerciales, el resto de propiedad intelectual y reservaciones que se hacen en empresas turísticas, dijo la titular del MEIC, Mayi Antillón.
El paso siguiente a la publicación consistirá en elaborar directorios de parámetros y rangos de valoración de todas las posibles garantías, para lo cual se requerirá de asesoría internacional, agregó Antillón. Lo anterior con el fin de que los montos tengan un fundamento independiente a las partes.
También se procederá a la creación de un Sistema de Garantía Mobiliaria dentro de Registro Nacional, que es donde los acreedores deberán acudir a inscribir las garantías que dan sobre los valores.
Según Antillón, en el proceso de elaboración de la ley participaron el Poder Judicial, la Asociación Bancaria Costarricense, el Sistema de Banca de Desarrollo, el Registro Nacional y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Esta última debe emitir la reglamentación necesaria para que el sistema financiero pueda tener como válidas las garantías.
Marco Garro, especialista en finanzas, dijo que este tipo de garantías ya funcionan en otros países y sirven para dar acceso al crédito a pequeñas empresas o a aquellas que, por sus características o giro de negocio, carecen de una base importante de garantías, por ejemplo, las firmas dedicadas a la producción de programas informáticos.
Antillón pronosticó que la ley estará en funcionamiento completo en el plazo de un año, debido a todo lo que se debe implementar de manera previa.
En su transitorio único, el texto incluye que la vigencia será un año después de la publicación.
Por ahora, las entidades financieras esperan que se defina cómo va a funcionar. La Dirección Corporativa de Relaciones Institucionales del Banco Nacional comunicó que, por ahora, desconocen la posición de Sugef sobre la operación de estas nuevas garantías.