La minera canadiense FQM, dueña en Panamá de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, advirtió este lunes que suspendería temporalmente sus operaciones si sus actividades siguen siendo dificultadas por las protestas en su contra que se sostienen a nivel nacional desde hace un mes.
First Quantum Minerals (FQM) anunció en un comunicado “la posible suspensión temporal de sus operaciones” debido a la escasez de suministros derivada, según ella, de “los bloqueos ilegales por parte de pequeñas embarcaciones” en el puerto que da acceso a la mina.
La instalación “ha reducido sus operaciones a un tren de procesamiento de mineral y espera quedarse sin suministros para la planta de generación de energía aproximadamente a mediados de la semana”, agregó.
Panamá afronta más de cuatro semanas de protestas contra el contrato firmado entre el Estado y la compañía canadiense, el cual permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país.
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Las protestas en Panamá cumplen un mes a raíz del contrato entre el Gobierno y la minera canadiense First Quantum Minerals para operar por 40 años en el Caribe del país en la producción de cobre. (LUIS ACOSTA/AFP)
Ese contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso, sustituye a un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por haberse firmado sin licitación ni consulta popular.
Los manifestantes aseguran que el nuevo acuerdo tiene los mismos vicios y que la mina ya causó daños al medioambiente local.
Como parte de las protestas, varias personas a bordo de pequeñas embarcaciones han tratado de bloquear el puerto construido por la compañía para recibir insumos y sacar la producción de cobre.
Este lunes, los principales accesos a la capital, Ciudad de Panamá, fueron bloqueados por miembros de sindicatos y organizaciones populares que se oponen a la minera.
Las protestas han dejado al menos tres muertos por incidentes entre personas que se oponen a los bloqueos y manifestantes, así como más de 1.150 detenidos. Según la empresa privada, se registran pérdidas por más de $1.700 millones.
El Congreso dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia el futuro del contrato que, según el gobierno y la minera, da aportes mínimos anuales al Estado por $375 millones, diez veces más que el acuerdo inicial.
FQM sostuvo que “la contribución económica general de la mina al Estado de Panamá se estima en más de $50 millones por semana, el equivalente a alrededor del 5% del producto interno bruto”.
“Este ingreso se podría ver afectado si la operación de la mina no continúa”, advirtió FQM.