EscucharManagua. El sector privado de Nicaragua vaticinó un “tsunami” empresarial, con cierre de negocios y despidos, si no se soluciona la crisis política que afecta al país desde hace nueve meses.
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El dirigente empresarial comparó la situación con un tsunami, que en una primera oleada afectó a los sectores del comercio, los servicios, la construcción y el sistema financiero. Foto: AFP. (MARVIN RECINOS/AFP)
La situación puede ser peor a la que el sector enfrentó en 2018, cuando la economía se contrajo 4% y se perdieron 453.000 empleos, expuso a la prensa el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Aguerri, el pasado 8 de febrero.
En caso de aprobarse una reforma fiscal que el parlamento tiene en estudio, un cambio al sistema de seguro social y un incremento al salario mínimo podrían agravar la situación porque "hay empresas que ya no van a poder seguir operando", advirtió Aguerri.
La Fundación Nicaragüense para del Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estimó que la actividad económica podría contraerse entre 7% y 11% este año.
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El dirigente empresarial comparó la situación con un tsunami, que en una primera oleada afectó a los sectores del comercio, los servicios, la construcción y el sistema financiero.
Ante la falta de diálogo para resolver la crisis política, el país estaría de cara a "un segundo tsunami" en el que todas las actividades, incluyendo las exportaciones, se verían afectadas, advirtió el empresario.
Según un monitoreo realizado en 2018, sectores como vivienda, turismo, grandes hoteles, automóviles, restaurantes, comercio y servicio reportaron una caída de ventas de entre 40% y 80%.
Dirigentes de empresas de 23 de los 27 sectores encuestados dijeron que planean realizar despidos de personal, aún sin que se aprueben las reformas fiscales.
La perspectiva para este año es que haya más desempleo e informalidad y un aumento del déficit fiscal, de la pobreza y la emigración, que será consecuencia de razones económicas, más que políticas, estimó Aguerri.
La crisis que envuelve al país desde abril fue detonada por protestas contra una reforma a la seguridad social que derivó en la demanda de renuncia del presidente Daniel Ortega, acusado por opositores de corrupción y de instaurar una dictadura familiar.
