EscucharLa seguridad privada en Costa Rica es un negocio en expansión desde hace casi una década, que cada año mueve miles de millones de colones y emplea a miles de agentes. Las actividades relacionadas con este sector generaron a la economía ¢323.340 millones en el año 2021, el último dato registrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Esta cifra, cuya tendencia es hacia el aumento, contabiliza los servicios de investigación y de detectives, además de vigilancia y patrullaje, entre otros. Los datos oficiales muestran que en el año 2012, el valor agregado (contribución a la economía) fue de ¢164.020 millones, el 0,7% del producto interno bruto (PIB), mientras que el valor en el 2021 fue del 0,8% de la producción.
Otras actividades vinculadas, de acuerdo al registro del BCCR, son los servicios de recogida y entrega de dinero o de otros artículos de valor, con personal y equipo adecuados para protegerlos durante el trayecto. También incluye el uso de sistemas electrónicos de seguridad y abarca los servicios de venta, de instalación y de reparación ofrecidos por las empresas de seguridad e investigación.
Esta tendencia de crecimiento coinciden con los datos de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP), adscrita al Ministerio de Seguridad Pública, obtenidos de la plataforma ControlPas, donde se observa que entre el 2014 y 2022 la cantidad de agentes de seguridad privada aumentó 101%.
Tino Salas, jerarca de esta dependencia, señaló que diariamente se reciben, en promedio, entre 150 y 200 solicitudes de registro, entre nuevas y renovaciones.
Según la plataforma ControlPas, al cierre del 2022 existían 31.413 agentes. Hasta el 15 de diciembre pasado estaban registradas 541 empresas de seguridad privada y 25.437 agentes, dato que permanece en constante ajuste debido a los vencimientos de las autorizaciones y las nuevas solicitudes, explicó el funcionario.
La cantidad de agentes de seguridad privada supera la de la fuerza policial, estimada en 21.874 agentes, sin incluir los efectivos del Poder Judicial, según los datos del Presupuesto Nacional que toma como referencia la DSSP.
Este dato sirve como parámetro, con base en el marco legal vigente, para definir el límite de crecimiento de contratación para las empresas de seguridad privada.
Según la Ley 8395, de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, emitida en el 2003, las empresas no pueden mantener un número de agentes de seguridad superior al 10% del total de los miembros de la Fuerza Pública por tipo de servicio, calculado según las estimaciones presupuestarias anuales.
De ahí, que para 2023, ese límite es de 2.187 agentes para cada empresa, según fue oficializado por la DSSP, el 11 de mayo pasado, por medio de la Resolución DSSP 001-2023-Límite crecimiento-DRL.
Entre el 45% y 50% de los agentes registrados son parte de la nómina de los 27 compañías que integran la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), constituida en 1995. César Tapia, director ejecutivo de la organización, indicó que el 65% de los clientes son instituciones públicas y municipalidades, el restante 35% son empresas privadas, incluidas multinacionales y bancos.
Sobre los contratos de servicios de seguridad privada que hacen las instituciones públicas, el jerarca de la DSSP, dijo que la entidad no registra las contrataciones que realiza el Estado y tampoco tienen competencia por ley en las relaciones contractuales entre las empresas y sus clientes.
Por otro lado Tapia indicó que en los últimos siete años, de los que él lleva registro en ACES, la cantidad de agentes por empresa pasó de 1.500 a 2.200 efectivos, en promedio. Sin embargo, las anteriores cifras son oficiales, por lo que no reflejan a empresas y agentes que operan de manera informal.
Criminalidad y prevención
El dinamismo en la actividad de seguridad privada es atribuido, principalmente, a razones de prevención debido al incremento de los índices de criminalidad, según coincidieron empresarios consultados y especialistas en seguridad.
Hasta el 14 de diciembre, según los registros de la plataforma virtual del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se registraron 44.537 delitos y este miércoles 27 de diciembre se llegó a los 900 homicidios, una cifra récord para el país. Al 14 de diciembre del 2022 se contabilizaron 47.632 delitos.
Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, indicó que la inseguridad ciudadana no está afectando directamente al sector, pero sí están realizando acciones preventivas para el resguardo de los turistas, y lo hacen por medio de empresas de seguridad privada, pues “lamentablemente” el sector público no brinda el servicio, expresó.
Añadió que por esta razón las empresas turísticas incurren en el “gasto” para contratar empresas especializadas de seguridad privada que además de contar con la experiencia, cuentan con los equipos necesarios. Mencionó que si bien es cierto existe la Policía Turística, carece de los recursos para satisfacer la demanda.
“Si perdemos la seguridad, perdemos el turismo, de eso no hay duda”, aseguró Acón. Estimó que el gasto en seguridad es uno de los costos más altos en las empresas. Calculó que contratar un puesto de seguridad de tres turnos equivale a contratar a tres empleados.
Por su parte Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), dijo que el sector tampoco percibe un impacto de inseguridad en comparación con años anteriores, sin embargo sí ven un impacto en el mediano y largo plazo de mantenerse los índices de delitos actuales y se verán obligados a aumentar los gasto en seguridad privada.
En tanto, José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo desconocer el porcentaje incremento de la contratación de servicios de seguridad en el sector, pero aseguró que a título personal le ha tocado aumentar 10% en esta partida para el resguardo de sus propiedades, en los últimos cuatro meses, debido al incremento de la inseguridad.
Una versión más radical la brindó Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública, quien refirió que el incremento de los índices de criminalidad en el país (homicidios, robos), está provocando que las empresas y los ciudadanos, al existir un vacío en la prevención de los delitos por parte las autoridades encargadas, busquen opciones para garantizar la seguridad.
Refirió que estas empresas también pueden ser una opción para fortalecer las estrategias de seguridad de las municipalidades ante la mínima participación del Ejecutivo.
El jerarca de la DSSP, Tino Salas, evitó citar los factores del incremento de las empresas y cantidad de agentes. “Especificar que sea por un tema de inseguridad, que sea por un tema de servicios o por crecimiento empresarial que requiera más presencia en materia de seguridad de las cadenas logísticas u otros, no podríamos asegurarlo porque escapa de los requisitos formales que podemos revisar”.
Costo de la seguridad 24/7
La DSSP se encarga de autorizar el funcionamiento de las empresas de seguridad privada con los requisitos de Ley, entre los cuales están la obligatoriedad de definir el tipo de actividades a prestar, presentar las nóminas y la solicitud del diseño del uniforme que no pueden ser similares a los utilizados por los diferentes cuerpos policiales del país.
Salas explicó que en caso de que las empresas utilicen armas deben ponerlo en conocimiento pero a esta dirección no le corresponde otorgar las licencias sino a la Dirección General de Armamento. Por Ley, la instancia está obligada a realizar inspecciones en cada empresa al menos una vez al año.
En términos de salarios, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) estableció un salario mínimo de ¢381.433,12 para el puesto de guarda en el sector privado, en el 2023, ajustado a ¢389.961,56 para el 2024, luego de un ajuste de 1,83% oficializado en octubre pasado.
César Tapia de ACEN explicó que el horario de seguridad privada de un puesto de custodio por 24 horas es cubierto por 3,5 personas para garantizar los turnos matutino, vespertino y nocturno, más los días libres. De ahí que las empresas que ofrecen el servicio, el puesto les costará ¢2,53 millones mensuales ya incluidas las cargas sociales, los costos por jornada y la responsabilidad patronal.
Para calcular el precio en que se ofrece el puesto, se estima un 17% del valor del costo, que incluyen los costos operativos, costos administrativos y la utilidad de la empresa, por lo que el cliente estará pagando alrededor de ¢3 millones al mes, por un servicio 24 horas, los siete días de la semana.
Los servicios más demandados
Los servicios clasificados por la Ley son seguridad física, seguridad electrónica, investigación privada, custodia y transporte de valores, seguridad de eventos masivos, seguridad canina, seguridad patrimonial y adiestramiento.
Tapia explicó que cada uno tiene un crecimiento diferente. Actualmente los más ofrecidos son seguridad física (agentes ubicados en un puesto), seguridad electrónica (uso de alarmas, sensores y otros) y, en tercer lugar, la inspección con perros.
Relató que el transporte de valores ha venido a la baja porque los bancos compran sus propios vehículos; eventos masivos e investigación privada son por temporada, y seguridad patrimonial cuando las empresas invierten para contar con sus propios equipos de seguridad.
La DSSP estima que el 50% de los agentes registrados son de seguridad física, seguidos de agentes de seguridad para eventos masivos y seguridad electrónica, que ha venido mostrando crecimiento, comento Salas.
Aquí, Gerardo Araya, presidente de la Cámara de Comerciantes Detallistas, comentó que lo más barato que pueden conseguir sus afiliados son los equipos de cámaras de seguridad, pero la mayoría no está en capacidad de invertir en oficiales de seguridad.
Porcentaje de empresas ilegales
El exministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, calculó que en Costa Rica operan el 30% de empresas de manera ilegal, por lo que recomendó a los usuarios que verifiquen las credenciales antes de realizar los contratos.
Al respecto, el jerarca de la DSSP, indicó que las empresas no registradas son parte de la cifra oculta “que se ha comentado que existen”. Señaló que actualmente la Ley se aplica a empresas que han estado registradas y que prestan los servicios sin la autorización actualizada; en el caso de las que no se han registrado explicó que la entidad actúa mediante denuncias.
Afirmó que durante este año recibieron 21 denuncias, de las que ya han resuelto 15 procesos administrativos.
