Negocios

Almacenes Casa Blanca inicia cierre y despido de empleados por liquidación de la empresa

Trabajadores cesados deben acudir al Juzgado Concursal y presentarse como un acreedor más para recibir prestaciones, según abogado de empresa

Almacenes Casa Blanca inició el cierre de sus tiendas en el país y el despido de sus trabajadores como parte del proceso de liquidación de la compañía. Francisco Luis Vargas, abogado de Land Business, propietaria de los establecimientos, confirmó a La Nación que la compañía ya informó al Juzgado Concursal el comienzo del proceso.

Vargas explicó que por el cese de la operación, la compañía despedirá a toda la planilla. Sin embargo, no detalló la cantidad de tiendas que ya dejaron de atender público, ni el número de personas cesadas por tratarse de un proceso de los administradores

Carlos Murillo, gerente general de las tiendas declinó referirse al actual proceso. “El abogado don Francisco Luis (Vargas) es la persona que puede atender (las consultas). No estoy autorizado (para hablar sobre los despidos). Yo también soy empleado y tengo que seguir órdenes”, dijo.

Este diario conversó con varias personas despedidas quienes confirmaron que el cierre de tiendas empezó desde hace un mes. Mientras que la mayoría de las personas fueron despedidas en los últimos 15 días. La compañía comenzó el 2022 con 38 tiendas en todo el país y 292 empleados.

Este proceso ocurre luego de que el pasado 4 de marzo, Land Business desistió de salvar a la compañía debido a que los acreedores, principalmente bancos, rechazaran el plan de salvamento.

Casa Blanca acudió al Juzgado Concursal, en enero del 2017, para enfrentar un problema de liquidez y poder renegociar sus deudas financieras. Cuando se presentó el proceso judicial, el pasivo de la empresa ascendía a ¢38.253 millones, pero la compañía logró varios arreglos de pagos para reducirla.

La última propuesta de Land Business S. A., para evitar la liquidación, planteaba cancelar la deuda de ¢20.509 millones e intereses por ¢7.996 millones en al menos 15 años.

La génesis de las dificultades de la compañía se inició en el 2012, cuando se ideó una estrategia de fuerte crecimiento con apertura de tiendas y de las ventas mediante préstamos a sus clientes.

Para lograr dicho objetivo, la empresa estableció créditos de corto plazo (seis meses), conocidos también como revolutivos, con entidades financieras. Sin embargo, a sus clientes les otorgó financiamiento de mayor plazo, lo cual generó un descalce de ingresos y un problema de liquidez.

Los trabajadores cesadas por la empresa deberán acudir al Juzgado Concursal para presentarse como un acreedor más, al igual que las entidades financieras y los proveedores de la compañía.

“La empresa no podrá cancelar de forma directa los extremos laborales (...) y extiende la presente certificación para que el colaborador pueda hacer valer sus derechos y legalice su acreencia frente al Juzgado Concursal bajo el expediente 17-000001-0958-CI”, reza una de las cartas de despido entregadas a uno de los empleados.

En la misiva, la empresa explica que la propuesta de pago presentada en la vía judicial no fue aprobada por la Junta de Acreedores. “(La) decisión tuvo impactos negativos sobre le negocio y se ha visto obligada a reducir el tamaño de su operación en miras a una posible liquidación”, se consigna en una reproducción de una carta de despido en poder de La Nación.

El abogado de Casa Blanca, en el convenio de acreedores, confirmó que los trabajadores de la compañía deberán acudir al Juzgado para obtener sus prestaciones legales.

“La liquidación (laboral) es un proceso legal. Los trabajadores como cualquier acreedor tienen que legalizar su crédito en el proceso y ahí es donde se les paga. No es la empresa la que paga, sino que es durante el proceso. Tienen que reclamar eso (sus prestaciones) dentro del proceso judicial”, explicó Vargas.

El abogado dijo que la ley da un privilegio a los acreedores laborales, sobre el resto de afectados por el cierre de una compañía.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Periodista de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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