Los propietarios de Almacenes Casa Blanca pidieron al Juzgado Concursal, el pasado 4 de marzo, iniciar el proceso de liquidación de la empresa debido a la imposibilidad de llegar a un arreglo con los acreedores para salvar la compañía.
“La Junta Directiva ha decidido desistir del recurso que planteó pues éste carece actualmente de interés ante la situación de hecho (...) desistimiento que tiene como finalidad el que el Juzgado proceda a tener por improbado el convenio como resultado de la votación efectuada por los acreedores y transformar el actual proceso de convenio preventivo en uno de liquidación”, se pide en el oficio firmado por Francisco Luis Vargas, abogado de Land Business.
La compañía presentó, durante el año pasado, un plan de salvamento que fue rechazado por los principales acreedores en octubre anterior. En un intento por evitar la quiebra, la firma presentó recursos de revocatoria en el Juzgado Concursal.
La Junta Directiva de Land Business desistió de la petición porque las entidades financieras, a las cuales deben la mayoría del dinero, no aceptaron trasladar la deuda a largo plazo. También se argumentaron dificultades como el fuerte aumento del tipo de cambio, el establecimiento de límite las tasas de interés mediante la denominada “ley de usura”, alto desempleo y el impacto económico de la covid-19.
“La empresa de consumo con el Curador (...) podrán realizar las acciones tendientes a reducir el tamaño de la operación para facilitar la liquidación final y salvaguardar de la mejor manera posible, los activos de la empresa”, se solicitó en la vía judicial, en el expediente 17-000001-0958-CI-6.
Para que se inicie el proceso de quiebra, el Juzgado Concursal debe aceptar la petición de Land Business de transformar el proceso de concurso de acreedores a uno de liquidación.
Hasta diciembre pasado, la compañía contaba con 38 tiendas en el país y 292 empleados.
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Entre los argumentos aportados para pedir la liquidación, la empresa explicó que la incertidumbre legal generó una fuerte reducción en el inventario de productos, porque los proveedores se negaban a venderles electrodomésticos a plazo. El inventario de la compañía pasó de casi 40.000 unidades, en enero del año pasado, a 25.595, a diciembre anterior.
“La única solución para contrarrestar dicha tendencia sería la inyección de recursos financieros líquidos por una suma no menor a $7 millones, los cuales se utilizarían para completar el surtido de inventario faltante, generar nueva cartera financiera que permita generar el flujo de caja mínimo para poder retomar el plan de pagos establecido en la propuesta presentada ante el juzgado concursal”, explicó la empresa.
Casa Blanca acudió al Juzgado Concursal, en enero del 2017, para enfrentar un problema de liquidez y poder renegociar sus deudas financieras. Cuando se presentó el proceso judicial, el pasivo de la empresa ascendía a ¢38.253 millones, pero la compañía logró arreglos de pagos para reducirla.
La propuesta de Land Business S. A., para evitar la quiebra de la empresa, planteaba cancelar la deuda de ¢20.509 millones e intereses por ¢7.996 millones en al menos 15 años.
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Para reducir el pasivo, la empresa también propuso darle al Banco de Costa Rica (BCR) dos propiedades como parte del pago, las cuales tienen un valor de ¢2.846 millones, según la compañía.
Además, del monto de ¢10.885 millones de deudas con inversionistas privados, entre principal e intereses, se capitalizarían ¢7.796 millones y las personas recibirían acciones comunes de la empresa. Adicionalmente, los socios de Land Business se comprometían a efectuar un nuevo aporte de capital equivalente a ¢1.415 millones.
