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Un 60,4% de los ¢260.501 millones presupuestados por las 11 entidades públicas del sector agropecuario, para este 2021, se destinará a partidas de salarios y suministros, según sus planes de gastos.
Según el informe Estructura Programática y Presupuesto Sectorial 2021, presentado en marzo pasado por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), un 33,1% de los gastos totales de las 11 entidades se dedicarán a suministros.
Además, otro 27,1% del plan de gastos para este año se invertirá en la remuneración de los empleados, según Sepsa, una unidad técnica adscrita el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Sin embargo, los exministros del MAG, Luis Felipe Arauz y Juan Rafael Lizano, justificaron ese destino del gasto por el sentido que tienen las instituciones públicas agropecuarias.
Todas las entidades estatales del sector tienen la característica de prestar servicios, por lo que el recurso humano y la gasolina, viáticos y adquisición de vehículos, por ejemplo, son el corazón de sus funciones, coincidieron los dos exjerarcas.
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Lizano y Arauz, empero, coincidieron con Guido Vargas, secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), en que la gran debilidad está en el poco monto destinado a la investigación, que es de un 2% del gasto total proyectado.
En los presupuestos analizados, únicamente un 13,8% se destina al rubro de bienes duraderos. El restante 15% se destina a transferencias corrientes (sumas que el MAG entrega a otras entidades), servicios y transferencias de capital.
El informe de Sepsa analizó la estructura de los presupuestos del Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (Inta), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Oficina Nacional de Semillas (ONS), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) y Consejo Nacional de Clubes 4S (Conac).
Esas son las 11 entidades públicas que conforman el sector agropecuario costarricense.
Corazón del gasto
Los exministros del MAG, Luis Felipe Arauz (2014-2018) y Juan Rafael Lizano (1990-1994), concluyeron por separado que las entidades públicas agrícolas deben concentrar la inversión en los servicios.
Esos servicios, agregaron, los prestan personas. Por lo tanto, programas como la extensión agropecuaria y la sanidad agropecuaria se deben ofrecer en el campo por medio de especialistas.
Los programas de comercialización y agroindustria, agregaron, también requieren de especialistas en sus ramas y se ofrecen igualmente en las zonas donde está la producción.
Junto con esa necesidad de personal se arrastra, según los exjerarcas, la necesidad de suministros y materiales. Se requiere, recordaron, de gasolina, carros y viáticos, entre otros, para realizar los programas.
El MAG, el Inder, Incopesca, el CNP, Senasa, el SFE y otras de las entidades tienen oficinas distribuidas en todo el territorio nacional.
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Sin embargo, Vargas estimó que un problema central en la estructura del gasto público agropecuario es lo poco que se destina la investigación.
En el presupuesto consolidado de las 11 entidades, solo un 2% se usará para ese rubro en este 2021.
Arauz coincidió con Vargas y dijo que esta carencia repercute directamente en la competitividad de la producción de este sector.
También coincidió con Vargas en que la investigación sectorial de entidades como el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) y la Corporación Bananera Nacional (Corbana) llenan los vacíos en esos sectores específicos.
