La dificultad para lograr acuerdos políticos en la Asamblea Legislativa sigue enturbiando las perspectivas que mantiene la calificadora estadounidense Fitch Ratings sobre Costa Rica, pues considera que el fraccionamiento de la próxima Asamblea Legislativa (2022-2026) se mantendrá como uno de los principales riesgos en el proceso de consolidación fiscal y en las pretensiones del Gobierno de acceder a financiamiento externo.
En un pronunciamiento enviado este 10 de febrero acerca de los resultados de la primera ronda electoral del domingo anterior, Fitch destacó que aunque los nombres de los dos candidatos que pasarán a la segunda instancia sugieren que habrá continuidad de las macropolíticas, la consolidación fiscal, el programa de ajuste negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la atracción de inversiones, el estancamiento político continuará en la medida que los 57 escaños del Congreso permanecerán divididos entre seis partidos.
En las elecciones presidenciales del 6 de febrero, el expresidente José María Figueres obtuvo 27,3% de los votos; mientras que el exministro de Hacienda del actual Gobierno, Rodrigo Chaves, del recién creado partido Proceso Social Democrático (PSD), obtuvo el 16,7% de los votos; ambos irán a una segunda ronda el domingo 3 de abril.
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“Ambos candidatos coinciden en la necesidad de consolidación fiscal, incluido el cumplimiento de los objetivos del Servicio Ampliado de Fondos (EFF, por sus siglas en inglés) del FMI, a tres años, por $1.800 millones, aprobado en marzo del 2021, y de políticas favorables a las empresas para atraer inversiones y reducir la desigualdad. Sin embargo, el partido gobernante de centro izquierda PAC ganó menos del 1% de los votos en las elecciones al Congreso de ese mismo día, perdiendo todos sus escaños. Esto puede indicar cansancio popular por las restricciones pandémicas y descontento por las medidas fiscales pactadas en el marco del programa del FMI, que aún no se han implementado”, señaló Fitch.
La calificadora considera que el estancamiento político persistirá pues los 57 escaños de la Asamblea se dividieron entre seis partidos políticos, así que, independientemente del resultado de la segunda vuelta, el próximo presidente dependerá de alianzas para asegurar la aprobación de leyes; pero las matemáticas no le alcanzan ni al PLN (18 diputados), ni al PSD (9), ya que están “muy por debajo” de la mayoría simple y de la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar cualquier financiamiento externo.
La agencia estadounidense recordó que los problemas de Costa Rica para lograr consenso políticos y retrasar la toma de decisiones, serán una dificultad para el próximo Gobierno pues se corre el riesgo de descarrilar la mejora reciente en el desempeño fiscal.
El país obtuvo un déficit primario de 0,27% del producto interno bruto (PIB), es decir ,3,1 puntos porcentuales (p. p.) menos comparado con el resultado del 2020. Tal corrección permitió que el déficit financiero fuera del 5,03% de la producción, el año anterior, frente al 8% del PIB del 2020, según el Ministerio de Hacienda.
“El desempeño fiscal superior reciente significa un mejor punto de partida para cumplir con los objetivos fiscales, pero no elimina la necesidad de medidas fiscales en el EFF dado que refleja en parte factores transitorios. Y puede debilitar el apetito por aprobar estas medidas”, subrayó Fitch.
En el comunicado la calificadora agrega que aún está pendiente una nueva revisión del FMI al avance de las iniciativas pactados, entre los cuales destacó el proyecto de ley de empleo público y las medidas de mejora de ingresos. Sobre las posibilidades de una renegociación, se señaló que hay aspectos no estructurales del acuerdo los cuales irían a discusión; pero son elementos importantes para lograr la estabilidad en las finanzas públicas.
Fitch mantiene a Costa Rica una nota de riesgo de B con perspectiva negativa. Esto implica que hay un considerable riesgo de impago si la situación financiera del emisor varía notablemente. Las calificaciones de riesgo de los países son tomadas en cuenta por inversionistas para exigir un mayor o menor rendimiento en las emisiones de deuda colocada por los países y empresas.
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Fitch considera que el estancamiento político persistirá en el próximo Gobierno pues los 57 escaños de la Asamblea Legislativa se dividieron entre seis partidos políticos. Archivo. (Rafael Pacheco Granados)