Siete empresas públicas acumulaban una deuda de ¢13.300 millones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Las compañías que deben recursos son el Instituto Nacional de Seguros (INS); el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope); Correos de Costa Rica; y los bancos de Costa Rica, Nacional y Bancrédito, según los estados financieros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El dinero es parte de las utilidades que las firmas estatales deben transferir a la Caja de Seguro anualmente.
El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador , promulgada en el 2000, dicta que las empresas públicas están obligadas a trasladar entre un 5% y un 15% de sus ganancias al fondo de pensiones de la Caja.
Elian Villegas, presidente del INS, informó de que la Sala IV eximió a la institución de realizar el aporte al IVM, en julio pasado, al rechazar una acción de inconstitucionalidad presentada por José María Villalta. Según la CCSS, la aseguradora debe ¢6.800 millones.
Villegas explicó que con la apertura del mercado del seguros se estableció como destino de las ganancias del INS un aporte del 25% al Estado y el resto para uso de la entidad.
Jesús Orozco, jefe de Finanzas del ICE, afirmó que la institución debe usar sus excedentes para capitalizar la actividad de telecomunicaciones, tras la apertura del mercado.
Por su parte, Eduardo Ramírez, director de la División Jurídica del BCR, aseguró que la entidad ha realizado el traslado de recursos, pero hay un diferencia con la Caja por la forma de calcular el aporte. Para el banco, el aporte debe hacerse después de pagada la renta, mientras que para la CCSS antes de hecha la declaración.
Mayid Brenes, jefe Jurídico de Recope, informó de que esperan, desde hace un año, un dictamen de la Procuraduría General de la República sobre la forma en que debe calcularse el aporte al régimen del IVM.