La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó, la noche de este jueves 20 de mayo, aplazar la reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) por un plazo de dos meses.

La institución autónoma, administradora del fondo de pensiones, destinará ese periodo para recibir propuestas adicionales con el objetivo de fortalecer el sistema, así lo confirmaron los directivos José Luis Loría y Marielos Alfaro a La Nación, así como la entidad en su cuenta de Twitter.

La medida se tomó ante las críticas efectuadas, durante los últimos días, por parte de diversos sectores sociales como sindicatos, la Unión Médica y la Defensoría de los Habitantes.

La Gerencia de Pensiones propuso, el pasado 11 de mayo, eliminar la pensión anticipada para que todos los trabajadores se pensionen hasta cumplir los 65 años, con 300 cuotas cotizadas.

Actualmente, las mujeres se pueden retirar a los 60 años, con 450 cuotas; y los hombres a los 62 años, con 462 cuotas.

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Así como modificar la fórmula de cálculo de la pensión, que reduciría el monto mensual a recibir entre 15,6% y hasta 23,2%, frente a las reglas vigentes de jubilación, según las estimaciones de la entidad.

“La propuesta actual mantendría la pensión en 65 años, como es desde 1947, y definiría un transitorio para eliminar gradualmente opción de pensión anticipada”, detalló la CCSS en la red social.

Añadió que casi el 40% de las personas cotizantes al IVM se retiran a los de 65 años o más.

En la decisión de este jueves, la Directiva de la Caja ordenó a la Gerencia de Pensiones comunicar y consultar a los diversos sectores del país los alcances e impacto de las medidas por adoptarse.

Después de las consultas, dicha dependencia de la institución deberá presentar un informe de resultados y la propuesta definitiva de reforma al IVM, el próximo 22 de julio.

Adicionalmente, deberá de conformar un equipo de expertos, con apoyo externo, para que analice y proponga recursos alternativos que fortalezcan al régimen.

Las iniciativas deberán entregarse en un plazo de tres meses a la Directiva, es decir en agosto próximo.

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Por último, los directivos ordenaron a la Gerencia citada brindar un informe detallado del impacto y efecto financiero de la pandemia de la covid-19 en el régimen de jubilaciones.

La reforma presenta en un inicio permitirá alargar la sostenibilidad del régimen.

En el último estudio actuarial hecho al IVM, de julio del 2019, antes de la crisis sanitaria, la proyección era que el cambio iba a permitir que la reserva del sistema se agotara en el 2052, en vez de 2037, como está previsto.

La propuesta de cambios en el fondo fue avalada por los directivos de la entidad autónoma, en agosto del año pasado, y estuvo en consulta con trabajadores, empresarios y el Gobierno hasta diciembre anterior.

Estaba previsto que los cambios se aprobaran en el primer trimestre del 2021. Sin embargo, la atención de la pandemia atrasó la discusión en el seno directivo.

El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica en el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado. A febrero, contaba con 305.835 beneficiarios de una pensión.

La emergencia provocó que el sistema reportara, en el 2020, el nivel más bajo de crecimiento de la reserva de los últimos nueve años. A diciembre anterior, el saldo ascendió a ¢2,38 billones, es decir, tuvo un incremento de apenas 3,83%, comparado con el mismo periodo del 2019.

La drástica reducción de los ingresos del fondo obligó a la entidad, el año pasado y durante estos primeros meses del 2021, a tomar ¢25.000 millones mensuales de la reserva del fondo para hacerle frente a los gastos en pago de pensiones.

Cambio integral

El directivo José Luis Loría, representante del sector cooperativo, fue quien planteó aplicar una reforma integral al régimen y no solo votar la iniciativa planteada por la Gerencia de Pensiones.

Por esa razón, él presentó la moción para que se diera un tiempo adicional para escuchar ideas adicionales.

Loría argumentó en su planteamiento, de la cual tiene copia este diario, que el 46% de los jubilados recibe menos de ¢136.000 por mes, y para el 27% son menos de ¢275.000.

“Las circunstancias actuales del país, requieren de aquilatar y ponderar las decisiones de cara a la realidad que vive el IVM y conectarla con la realidad de los costarricenses”, fundamentó Loría.

Adicionalmente destacó que la entidad autónoma debe insistir al Gobierno para que pague la deuda al fondo de pensiones que, al pasado 4 de mayo, ascendía ¢420.586 millones.

“Es necesario que esta Junta Directiva, demande al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones con el IVM para garantizar los flujos de efectivo para el pago de las pensiones en curso. Esta es una primera medida urgente que impactará positivamente la situación del régimen”, señaló el directivo en su moción.

Por su parte, Marielos Alfaro, representante del sector empresarial en la Directiva de la CCSS, reconoció que hay mucha presión de los sindicatos alrededor de la propuesta inicial.

“La reacción de diferentes sectores se esperaba, de resistencia a las modificaciones”, recalcó.