EscucharLa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó elevar el aporte estatal al IVM sin conocer que tendría un efecto en cadena en los fondos de jubilación de la Corte y el Magisterio Nacional.
Así lo reconocieron, este lunes, varios directivos de la institución autónoma ante consultas de La Nación .
Sin embargo, defendieron su actuación porque buscan garantizar la pensión mínima de ¢130.000 mensuales para un grupo de 80.500 jubilados que no cotizaron lo suficiente.
El pasado 28 de julio, la institución acordó elevar del 0,58% al 1,24% la contribución estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a partir del 1.° de setiembre.
La modificación implica un incremento, en el mismo porcentaje, de la contribución anual del Estado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
La contribución estatal a estos dos regímenes básicos de pensiones está encadenada por ley a las decisiones que acuerde la directiva de la CCSS en torno al aporte del Gobierno al IVM.
No obstante, los criterios de la Dirección Jurídica y de la Gerencia de Pensiones no lo advirtieron, según consta en las actas de Junta 8.803, 8.818, y 8.826 en los que se discutió el incremento en el aporte estatal.
La Nación consultó a María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la CCSS, sobre el efecto de la decisión, pero al cierre de edición, no había respondido.
La Caja duplicó el aporte estatal al IVM para obtener ¢54.000 millones adicionales y así poder financiar la pensión mínima de los jubilados. Al año, el Gobierno transfiere ¢50.000 millones
El ajuste acordado implicará un aporte del Estado a los regímenes básicos de cerca de ¢123.000 millones el próximo año, según estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda.
Reacción. Óscar Fallas, representante estatal en la Junta Directiva de la CCSS, aceptó que desconocía la vinculación del aporte del Gobierno en los regímenes básicos. “Tengo que reconocerlo, particularmente no tenía el conocimiento de ese ‘enganche’ (en la cotización) con los otros sistemas de pensiones. Debo reconocer que fue un descuido”, aceptó.
El directivo Rolando Barrantes afirmó que sí consideraron el efecto en las finanzas públicas de elevar la contribución; pero no el efecto en cadena en el aporte.
“En aras de la transparencia, nosotros no hicimos ese análisis. Yo hice la pregunta de la posición de Hacienda y me dijeron que ya estaba contemplada la contribución adicional”, dijo Barrantes.
Por su parte, Renato Alvarado, representante de los empresarios en la CCSS, enfatizó que la Junta Directiva debe velar por la sostenibilidad del IVM.
“Las consecuencias de nuestras decisiones, por amarres legales, no podemos contemplarlas. Nosotros no administramos esos otros regímenes”, aseguró Alvarado.
Los tres directivos coincidieron en que el Gobierno podrá hacer propuestas sobre el IVM el próximo año, cuando se inicie la negociación para dar sostenibilidad de largo plazo al régimen.
