La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desató una cadena de aumentos en la contribución del Estado a los fondos básicos de pensiones.
Los directivos de la institución autónoma aprobaron en firme, el 28 de julio anterior, duplicar el aporte del Gobierno al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La contribución estatal pasará, a partir del 1. ° de setiembre, de 0,58% a 1,24%. Eso significará ¢54.000 millones al año, adicionales a lo que ya gira.
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Sin embargo, la carga no termina ahí. La reforma implica que también se incremente, en el mismo porcentaje, la contribución anual del Estado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
Esto debido a que las leyes que rigen en cada uno de estos regímenes dicta que el aporte estatal será idéntico al del IVM.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, y Róger Porras, director de Jupema, confirmaron que el ajuste en la contribución estatal se aplicará una vez que el acuerdo de la Caja se publique en La Gaceta .
Helio Fallas, ministro de Hacienda, catalogó de inaceptable la decisión de la Caja pues supone más déficit fiscal para el Gobierno.
Por su parte la CCSS determinó, con base en un criterio legal interno del 17 de noviembre del 2015, que cuenta con autonomía administrativa para realizar el ajuste en el aporte estatal.
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Efectos. El alza en el aporte estatal a los fondos básicos de pensiones significaría, preliminarmente, una contribución de 0,4% del producto interno bruto (PIB), detalló José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda. La cifra representa ¢123.000 millones según el PIB estimado para este año por el Banco Central.
Pacheco confirmó que el financiamiento del aporte estatal se realizará de manera íntegra con endeudamiento.
“Estos gastos no estaban contemplados. Desde la perspectiva presupuestaria les hemos dado cabida, pero recortando en otros lados porque estamos controlando el gasto”, dijo el funcionario.
Hacienda aun está en el proceso de determinar el costo exacto del incremento contributivo.
En el caso del IVM, el cambio significará que además de los ¢50.000 millones anuales de aporte estatal, se trasladen ¢54.000 millones adicionales, dice la CCSS. Pero Hacienda estima que sean al menos ¢60.000 millones.
En Jupema, la modificación elevará el aporte a ¢12.456 millones en 2017, ¢6.629 millones más de lo previsto. Para este año, es un extra de ¢2.337 millones.
El Poder Judicial no sabe aún a cuánto ascenderá el ingreso extra, dijo Romero. Sin embargo, el año pasado el Gobierno les aportó ¢1.350 millones.
Justificación. La CCSS estableció el alza del aporte del Gobierno al IVM como una subvención estatal para garantizar las pensiones mínimas.
“La Junta Directiva determinó que cuenta con la autonomía para hacer el ajuste. Esta es una medida de corto plazo para el del IVM. El próximo año se realizará una negociación con sectores y el Gobierno podrá hacer sus observaciones”, dijo Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.
Actualmente hay 80.500 pensionados que en su vida laboral cotizaron muy poco para obtener la pensión mínima de ¢130.000, así que el fondo completa el monto para obtener este beneficio.
El año pasado, el IVM otorgó una subvención de ¢54.000 millones. Sin embargo, en el 2010 fueron ¢37.700 millones. El crecimiento se justificó por el aumento de nuevos pensionados.
