Finanzas

Caja pagó ¢3.400 millones de vacaciones a empleados en casi tres años, solo un médico recibió ¢31 millones

Auditoría denuncia que acumulación de periodos de descanso generan liquidaciones millonarias cuando el trabajador se pensiona. Directiva ordena reducir vacaciones a quienes tengan más de dos años sin solicitarlas.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pagó ¢3.408 millones en vacaciones a trabajadores que se jubilaron entre enero del 2019 y julio de este año.

En total se trata de 2.649 personas a quienes la institución pública les liquidó dos años o más de vacaciones no usadas al momento de acceder a la pensión.

El caso más extremo fue el de un médico especialista, de 63 años, a quien la Caja le canceló ¢31,3 millones solo por concepto de vacaciones cuando se retiró el año pasado, así se desprende el informe ASAAI-97-2020, de setiembre anterior, elaborado por la Auditoría Interna de la CCSS, del cual tiene copia La Nación.

El estudio denunció que “existen deficiencias importantes de control interno” que permiten a funcionarios la acumulación de varios periodos continuos de vacaciones, los cuales posteriormente generan pagos millonarios a la institución pública.

“Se determina que un aspecto clave es que la Institución no dispone de un sistema de información automatizado y unificado que facilite registrar y monitorear el saldo de vacaciones de todos los funcionarios”, se detalla en el informe que fue conocido por la Junta Directiva de la Caja el pasado 29 de octubre, según consta en el acta 9.136.

Olger Sánchez, auditor de la CCSS, enfatizó que por disposición de la Sala IV solo se permite la acumulación de solo dos periodos de vacaciones.

“El patrono está obligado, a partir del segundo año, a garantizar el disfrute oportuno del periodo de vacaciones al trabajador”, explicó Sánchez a los directivos de la entidad autónoma.

Adicionalmente, el estudio de la Auditoría encontró que, hasta julio pasado, había 626 funcionarios con más de dos periodos de vacaciones acumulados, es decir el 1%, de los 58.835 empleados de la institución a dicho mes.

La Directiva de la CCSS ordenó a todas las gerencias de la institución anotar las medidas necesarias para reducir las vacaciones a los trabajadores con más de dos periodos acumulados.

Además, la Gerencia General tendrá un periodo de tes meses para actualizar la normativa institucional de trámite y pago de vacaciones, con el objetivo de incorporar sanciones por el incumplimiento del goce de periodos de descanso.

En la Caja hay tres diferentes categorías de vacaciones establecidas en la Normativa de Relaciones Laborales.

Los trabajadores que tengan hasta cuatro años de laborar en la institución tienen derecho a 15 días de vacaciones al año.

Las personas entre cinco y nuevo años de antigüedad gozan de 22 días días de descanso al año y, quienes superen los 10 años de trabajo en el Caja, un total de 30 días.

Principales hallazgos

El estudio de la Auditoría de la CCSS efectuó una revisión especial del pago de vacaciones, entre junio del 2019 y julio de este año, y descubrió que a 10 personas jubiladas en dicho plazo la institución les pagó ¢145,3 millones.

De este grupo analizado, ocho eran profesionales en ciencias médicas y dos de enfermería.

El monto más elevado lo recibió un médico especialista del Hospital de Alajuela se le cancelaron ¢31,3 millones por periodos acumulados de descanso sin utilizar.

“Este monto de este médico, en principio, si nos atenemos al derecho constitucional y derecho laborales, no debieron de haberse cancelado esos montos porque el trabajador debió de haber disfrutado de sus vacaciones”, explicó el Sánchez.

También en el hospital de alajuelense, la institución pagó ¢18,2 millones a comienzo de este año a un médico director que se jubiló con 77 años.

El Auditor de la CCSS enfatizó que la acumulación de varios periodos de vacaciones ocurre por un incumplimiento de las jefaturas de velar por el estricto disfrute de dichos periodos de descanso.

“El tema de si se pude retener pago de liquidaciones por vacaciones no disfrutadas, es un tema más jurídico, pero entendemos que es un derecho adquirido y en el momento que se obtiene su derecho de jubilación al patrono no le queda más que cancelar los derechos laborales, sean vacaciones, aguinaldo, preaviso o cesantía”, afirmó Sánchez.

La investigación realizada encontró que de los ¢3.408 millones pagados en liquidaciones de vacaciones, la mayoría ocurrió en el 2018.

Ese año se jubilaron 1.168 a quienes se le pagó ¢1.609 millones. La Auditoría presumo que el monto tan elevador ocurrió por un efecto de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que redujo el pago de cesantía en la Caja de 20 años a ocho años.

Mensajera tiene 14 años de no sacar vacaciones

En el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, hay una funcionaria de 34 años quien acumula 14 años de no sacar vacaciones.

La mujer, nombrada en un puesto de mensajera, es la persona con más periodos de descanso sin disfrutar, según el informe informe ASAAI-97-2020, de setiembre anterior, elaborado por la Auditoría Interna de la Caja.

Esta trabajadora es parte de un grupo de 626 empleados de la institución autónoma que tienen más de dos años de no solicitar vacaciones.

Destacan también un farmacéutico y un técnico en salud quienes tienen ocho años de sin gozar de ningún periodo de descanso.

El informe de evaluación revela que la mitad de los casos de personas con vacaciones acumuladas es en hospitales, seguido con áreas de salud con el 28% (178 personas) y las Oficinas Centrales con el 15%, es decir 92 funcionarios, muestran los datos a corte de julio anterior.

“Se evidenció que el 60% de los casos de funcionarios que tienen más de dos periodos de vacaciones acumulados corresponden a puestos con perfil administrativo y apoyo, mientras que el 39% son profesionales en ciencias médicas y únicamente el 1% tienen perfil de profesional en Enfermería”, se explica en el informe del cual tiene copia La Nación.

El estudio alerta que esta situación se presentan porque las jefaturas no efectúan una revisión adecuada de los periodos de descanso sin utilizar.

“No existe un sistema de información que permita alertar oportunamente los casos de acumulación”, destaca la fiscalización.

Además, la Auditoría advierte que el pago de vacaciones a los funcionarios en los extremos laborales podría impactar las finanzas de la Institución.

Óscar Rodríguez

Periodista de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.