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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) comenzará a otorgar en septiembre las primeras becas con base en la nueva ley, según informó el presidente de la entidad, Andrés Romero.
La nueva ley (la número 9.931), publicada en La Gaceta, el 29 de enero del 2021, amplía las posibilidades de la institución para capacitar personas en un momento en el cual el país afronta un desempleo históricamente alto (17,4% en el trimestre que terminó en julio del 2021) y por otro lado hay una demanda de personas capacitadas en inglés y carreras técnicas, por ejemplo.
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“Estimo, porque insisto que estamos cerrando y calibrando el estudio de mercado, 1.000 a 2.000 personas aproximadamente para arrancar becas”, comentó Romero.
Romero explicó que para implementar la ley se requería primero aprobar tres reglamentos: el General de Apoyos Económicos Para el Bienestar Estudiantil, el cual permite al INA otorgar becas para que los estudiantes lleven sus cursos en otras instituciones y cubrir además costos de Internet y cuido entre otros; el de Acreditación y Aval Técnico del INA, para que la institución pueda acreditar centros públicos y privados, y el de Adquisición del INA, que agiliza la contratación de infraestructura y equipo.
Dichos reglamentos fueron aprobados por la Junta Directiva el 29 de julio en el plazo de seis meses que les otorgó la ley y publicados en La Gaceta en agosto, dijo Romero.
Con dichos reglamentos ahora se pasa a la fase de ejecución, la cual ya se venía desarrollando en paralelo, pues requiere que la institución recopile información del sector empresarial sobre la demanda ocupacional y las oportunidades de empleo y contar con una base de información de los centros nacionales e internacionales que ofrecen dichas carreras.
“Ese levantamiento de ocupaciones intensivas en empleo es un trabajo que ya se hizo en una primera versión justamente en paralelo al reglamento, lo cual nos posibilita comenzar a identificar y aquí conecto, el segundo reglamento de acreditación y aval técnico, cuáles son los centros de formación públicos, privados, nacionales, internacionales que ofrecen modalidades presenciales, virtuales o mixtas que además cumplen con unos criterios de calidad y que ofrecen servicios alineados con estas oportunidades de empleo”, detalló Romero.
La institución debe contar también con estudios de mercado sobre los costos en dichos centros.
Romero detalló que el INA atiende entre 100.000 y 120.000 personas por año en capacitación y formación y también realiza asistencias técnicas para pymes (pequeñas y medianas empresas).
La expectativa es otorgar 20.000 becas el próximo año y para ellos se utilizará el superávit de la institución de unos ¢20.000 millones, para ello se firmó el decreto ejecutivo 43146-H, el 9 de agosto pasado. Además el Gobierno solicitó levantar la regla fiscal para la entidad.
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“El cálculo aproximado que hicimos pensando en el 2022 fue de poco más de 20.000 personas, pero estoy seguro de que podríamos con ese estudio de mercado dar datos más precisos de ampliación de cobertura en todo el país”, dijo Romero.
La institución deberá además rendir cuentas sobre si los egresados pudieron conseguir un empleo o les sirvió para mejorar el que tenían.
Nuevo régimen de personal
Con la nueva ley el INA también tendrá un nuevo régimen de empleo público que le permita contratar personas para determinados proyectos. Las personas que actualmente laboran en la institución tendrán la posibilidad de permanecer en el sistema actual o pasarse al nuevo. Para definir este tema la institución tiene tiempo hasta enero del 2022.
“Una vez que se apruebe el régimen de empleo del INA, la institución tendrá que generar toda una campaña de en qué consiste ese nuevo régimen versus el actual, y voluntariamente las personas que opten por el nuevo régimen tendrán 18 meses para ir cambiando al nuevo régimen”, explicó Romero.
En el sector empresarial hay gran expectativa sobre la aplicación de esta nueva ley.
“Nuestras expectativas son altas de que esta ley ayude en la incorporación célere de más personas al mercado de trabajo. Esa es la razón por la que firmamos un convenio con el INA para servir de enlace entre las empresas, los estudiantes, la Institución Educativa y el Marco Nacional de Cualificaciones, que al final es el que aprueba los estándares para la respectiva carreras, a través de un sistema de Ventanilla Única”, indicó José Salas, asesor de Talento Humano de la Cámara de Industrias.
Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas, añadió que la reforma del INA es una realidad altamente esperada por el sector de zonas francas ya que permite a la entidad flexibilidad de contratar y desarrollar cursos de formación de una forma mas ágil y adaptada a las necesidades cambiantes de la nueva economía.
