El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) envió a consulta pública, este miércoles 18 de mayo, el decreto ejecutivo que elimina los precios mínimos para todas las calidades da arroz de consumo final, conocido como arroz pilado. El nuevo texto normativo modifica la regulación existente en el país sobre la comercialización de este grano básico.
“Este decreto busca beneficiar a los consumidores, promover una mayor competencia entre los industriales del grano, y entre estos y los importadores. Así como también eliminar la prohibición que existe de que los costarricenses puedan comprar arroz a precios menores a cierto nivel de precio determinado”, sostuvo Francisco Gamboa, jerarca del MEIC.
El ministro informó de que el documento estará en consulta por un periodo de 10 días hábiles (hasta el 1.º de junio), una vez publicado el texto en el sitio web del Ministerio, plazo durante el cual se recibirán las observaciones.
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Gamboa destacó que el decreto responde a recomendaciones técnicas realizadas por la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados (DIEM) del MEIC, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), así como otros estudios realizados por entidades reconocidas.
Eduardo Rojas, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), manifestó que no conocen en detalle el documento propuesto por el Gobierno, porque llegó hasta este miércoles. “Existe un precio al agricultor que se paga, hay inventarios de cinco meses y cualquier cambio que se quiera hacer debe estar relacionado con una armonía de los inventarios”, destacó.
Rojas añadió que a inicios de esta semana se reunieron con el jerarca del MEIC y Laura Bonilla, ministra de Agricultura, pero el precio del arroz no fue un tema a discutir. “No nos hicieron ningún comentario, ni hubo una referencia al decreto anunciado hoy (miércoles). Vamos a revisarlo a fondo y dar nuestra posición como lo podrá hacer cualquier persona”, recalcó. El vocero de Conarroz afirmó que la eliminación de los precios mínimos sí tendrá un impacto.
Para Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, la decisión del Gobierno es un primer paso para reducir el precio del arroz a las familias. “La decisión debe complementarse con una acción directa a la baja de aranceles a la importación de arroz de todas partes, no solo desde Estados Unidos”, recalcó.
El arroz es el único producto en Costa Rica cuyo precio se fija por medio de un decreto del Poder Ejecutivo. Según la ley de Conarroz, esta entidad realiza un estudio de costos y determina el incremento, luego pasa la solicitud ante el MEIC, entidad que, a su vez, aplica el modelo de costos de producción antes de autorizar el incremento mediante el decreto.
¿Qué modifica el decreto?
En Costa Rica, desde el 2013, se estableció un sistema en el cual el Ministerio de Economía dicta, vía decreto ejecutivo, el precio máximo y mínimo para los industriales, mayoristas y el consumidor final. El costo de compra varía según la calidad del grano, va desde el arroz 100% grano entero, hasta el que es menor al 80%.
En el documento propuesto por el Gobierno, la fijación del costo se mantiene solo en los precios máximos, según las diferentes calidades de arroz, para los industriales, mayoristas y detallistas. Pero se elimina para los mínimos en los empaques individuales por kilogramo y para el grano entero de arroz pilado a granel en sacos de 46 kilogramos (kg).
Por ejemplo, el precio máximo del kilo del arroz para el consumo final, en la categoría 80% grano entero, se propone sea de ¢702,68 con el impuesto sobre el valor agregado (IVA) incluido. Mientras que la categoría que va de 95% a 100% grano entero, el precio máximo se planteó en ¢975,95.
“La fijación de precios mínimos perjudica a los consumidores, limita la competencia entre industriales y entre éstos y los importadores, no fomenta la eficiencia en la producción industrial (...) se considera necesario impulsar una mayor competencia en este mercado, mediante la eliminación de la banda inferior (precios mínimos) de todas las calidades de arroz, de manera que las empresas compitan por ofrecer mejores precios y esto se pueda traducir en una disminución del precio final de este cereal”, se argumenta en el documento en consulta.
Asimismo se enfatizó que, en el texto del decreto, que el nuevo mecanismo permitirá al sector arrocero enfrentar el proceso de desgravación arancelaria, establecida en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que culmina en 31 de diciembre de 2024. A partir de enero del 2025, la importación del grano se podrá hacer libre de impuestos.
