María Fernanda Cisneros. 25 agosto
Los beneficios que se evalúan para cada deudor son la ampliación de plazo, la reducción de tasas de interés y los periodos de gracia.
Los beneficios que se evalúan para cada deudor son la ampliación de plazo, la reducción de tasas de interés y los periodos de gracia.

Un hogar con finanzas saludables puede mantener un excelente récord crediticio en el préstamo de su casa. Esto ha sido posible, aún en tiempos de pandemia, gracias a su ahorro.

Sin embargo, a medida que pasan los meses, la afectación en sus ingresos se empieza a notar más y la preocupación crece. ¿Será posible pagar la cuota del préstamo, el próximo mes?

Casos como este pueden recibir ayuda en la banca, siempre que demuestren una afectación en el presupuesto familiar, en comparación con su situación en febrero (antes de la pandemia).

Incluso en una situación en la que el cliente haya logrado salir adelante hasta la fecha, las entidades financieras tomarán muy en cuenta dos aspectos para atender su caso: que su ingreso se redujo a raíz de la covid-19 y que tiene un buen pronóstico de recuperarse.

“Algunos clientes han destinado parte de sus ahorros para honrar su deuda en tiempo y forma. Sin embargo, se apersonan al banco porque esa condición no la podrán mantener”, explicó Ricardo Montalban, gerente de sistemática comercial del Banco de Costa Rica.

Por lo anterior, Montalban explicó que no es un requisito mostrar un atraso en la operación ni, inclusive, haber sido buen pagador. Lo que sí es indispensable es demostrar una afectación en los ingresos.

“Uno de los aspectos importantes a la hora de analizar el otorgamiento de la prórroga o readecuación es que el cliente tenga un buen récord crediticio previo al covid-19 y que el deterioro de su capacidad de pago está asociado a los efectos de la pandemia”, explicó la dirección de Crédito del Banco Nacional.

En esto concuerdan entidades consultadas, y de las que se recibió respuesta, como BAC Credomatic, Lafise, Banco de Costa Rica, Banco Popular y Mucap.

Los beneficios que se evalúan para cada persona son la ampliación de plazo, la reducción de tasas de interés y los periodos de gracia.

Si una persona necesita un alivio en su bolsillo, por razones distintas al golpe de la pandemia –como un alto nivel de endeudamiento–, puede acercarse a la banca, pero no necesariamente será la prioridad en medio de esta crisis, ni tampoco es garantía de que recibirá un sí como respuesta.

Inclusive, la ayuda que reciba esta población sería bajo otras condiciones.

“Estos arreglos no formarían parte del programa el Beneficio Solidario Fase II (el programa de alivio del Banco Popular) y se rigen por otras condiciones”, anotó Juan Francisco Rodríguez, subgerente general de Negocios del Banco Popular.

El alto nivel de endeudamiento ya golpeaba a los hogares previo a la pandemia, pero las opciones de ayuda actuales están destinadas a la población más afectada por la crisis sanitaria y el resto quedan en una posición de desventaja.

Sujetos del alivio

Desde marzo, la banca anunció una serie de medidas de alivio para empresas y personas, entre las que destacaban periodos de gracia. El mensaje de las entidades fue claro desde entonces: la prioridad de atención será la población más afectada por la pandemia.

En ese listado están personas que recibieron una carta de suspensión del contrato laboral o de reducción de jornada, y también empresas con reducción de ingresos debido a las restricciones sanitarias para la contención del contagio del virus.

Algunas entidades financieras, inclusive, aceptan que la reducción del ingreso implique a un miembro del hogar y no necesariamente al titular de la deuda, entendiendo que el flujo familiar cambia; pero no todas lo hacen.

“Las medidas de flexibilización están orientadas a ayudar a todo deudor que haya visto afectados sus ingresos y, por ende, la capacidad de pago”, indicó Bernal Allen, subgerente financiero de Mucap.

La afectación en el salario de la persona debe ser comprobada con la carta del empleador y cualquier documento que permita demostrar que el impacto se debe a la crisis que desató el covid-19, en el caso de los trabajadores independientes.

Algunas entidades inclusive definen un porcentaje de afectación. Por ejemplo, en el Banco Popular, el deudor o el núcleo familiar debe reportar al menos una reducción del 5%, respecto al ingreso bruto de febrero del 2020.

En Lafise, en el caso de un trabajador independiente, se debe presentar una declaración jurada autentificada por un abogado, con firma digital o certificación de un contador público autorizado, que determine que los ingresos se redujeron más de 20%.

Si la persona no tiene ingresos, debe presentar la carta de despido o cese de contrato laboral.

Un deudor, además, puede tener un atraso en el pago de la operación, pero no mayor a los 90 días y esto aplica en todo el sistema financiero.

Existen deudores que tienen dificultad para enfrentar pagos en la actualidad, por una reducción de ingresos, pero que además tenían dificultades desde antes.

Pero, además de mostrar los impactos de la pandemia en sus ingresos, los clientes deben demostrar que tienen posibilidad de resurgir con el ajuste.

La crisis golpeó a clientes que estaban pagando a tiempo, pero también a otros que ya arrastraban deudas y atrasos.

Este último segmento es donde posiblemente existan “clientes que ya no sean rescatables”, explicó Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

La banca se enfoca en atender a quienes se han visto afectados por la pandemia (negocios del sector turismo, comercio, restaurantes, así como personas con una reducción o suspensión de su jornada laboral), y no a quienes ya enfrentaban una situación de deterioro en sus finanzas antes de la crisis.

Mucho antes de la pandemia la morosidad mostraba un comportamiento ascendente, motivada por el bajo crecimiento económico, el alto nivel de desempleo y la gran porción de deudores con finanzas comprometidas.

Los periodos de gracia y las renegociaciones de deudas han evitado, por ahora, un repunte desmedido de la morosidad.

La creciente morosidad era el riesgo al que estaba más expuesto el sistema financiero desde el 2017, incluido el 2019, según el Informe de Estabilidad Financiera del 2019, presentado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en julio pasado.

Hasta ahora, los bancos aseguran que no cerrarán las puertas a sus clientes, y que en una coyuntura tan inusual es necesario revisar cada caso de forma individualizada.